Santos refuta los señalamientos de Uribe sobre asilos

6:00 p.m. - BOGOTÁ, Colombia. (DPA).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó hoy que en su país hay garantías judiciales y se desmarcó de su antecesor, Álvaro Uribe, quien apoyó el eventual asilo de funcionarios de su administración (2002-2010) para que no respondan ante la Justicia en el marco de diversas investigaciones.

"Colombia es una democracia que funciona, y las democracias que funcionan les dan garantías a sus ciudadanos (...) Nadie puede sostener ante un tercer país que aquí no hay garantías suficientes para ser juzgado debidamente", dijo Santos al lado de su homólogo chileno, Sebastián Piñera, quien lo visitó en Bogotá.

Santos se refirió así a las declaraciones de Uribe, que recibieron hoy muchas críticas por parte de funcionarios del gobierno, dirigentes políticos y la Fiscalía General.

Uribe, que es investigado por una comisión del Congreso por el espionaje ilegal del servicio secreto contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dirigentes de la oposición, periodistas y activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, hizo la declaración este martes al regresar de un viaje a Honduras.

"Muchos de mis compañeros no tienen garantías y la persecución sobre ellos también amenaza sus vidas", dijo el ex mandatario en referencia a personas que trabajaron a su lado y son investigadas por el espionaje y las irregularidades ocurridas en el Congreso en la aprobación de una enmienda constitucional que permitió su reelección en 2006.

"Siempre pedí a los compañeros de gobierno que dijeran la verdad. Algunos me han expresado que a pesar de haberla dicho no tienen garantías en la justicia. En casos de esta naturaleza he compartido y apoyado que busquen asilo", dijo en un comunicado.

Uribe se refirió así al caso de María del Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio secreto), que el viernes pasado recibió asilo en Panamá.

El asilo sigue ocasionando una gran polémica en Colombia, donde diversos sectores afirman que esa figura fue creada para proteger a "perseguidos" y no a quienes "han perseguido" a opositores políticos.

El ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, marcó distancia de Uribe al afirmar que la rama judicial en Colombia "es autónoma e independiente" y "ofrece todas las garantías procesales para que las personas ejerzan su derecho a la defensa".

Vargas Lleras dijo que eso quedó demostrado en una decisión que la Corte Suprema tomó el martes, al declararse impedida de juzgar a Sabas Pretelt, ministro del Interior y Justicia de Uribe, por el presunto delito de cohecho derivado de prebendas ofrecidas por el gobierno a congresistas para asegurar la aprobación de la reelección.

El tribunal dijo que no puede juzgar a Pretelt porque previamente condenó a prisión a dos ex congresistas que confesaron haber aceptado del gobierno cargos públicos para sus allegados a cambio de apoyar la enmienda constitucional.

Pretelt dijo que responderá ante la justicia en el proceso penal y que no pretende asilarse, aunque el gobierno de Costa Rica reveló el martes que el pasado 6 de octubre rechazó un pedido en tal sentido del ex ministro colombiano.

El fiscal general, Guillermo Mendoza, también se apartó de las declaraciones de Uribe y dijo que no se puede afirmar que las investigaciones son "parcializadas o caprichosas" si los procesos "pasan por tantas manos y tanto escrutinio".

El escándalo comenzó en febrero de 2009, cuando se conoció que el DAS, que depende directamente de la Presidencia, hizo seguimientos e interceptó los teléfonos de miembros del Supremo, de dirigentes opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.

Varios ex funcionarios del DAS están presos y la Fiscalía investiga a los ex directores del organismo Jorge Noguera, Andrés Peñate, Joaquín Polo y Hurtado, quienes ocuparon el cargo durante la administración Uribe.

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