Organizaciones civiles dominicanas comenzaron este domingo 5 de febrero a recolectar firmas para exigir al gobierno que una comisión independiente y con apoyo de Naciones Unidas investigue a los beneficiarios de sobornos millonarios de la empresa brasileña Odebrecht.
Las firmas son recolectadas en libros verde, el color elegido por los organizadores de las manifestaciones para demandar que quienes recibieron coimas de la constructora brasileña sean procesados judicialmente.
Ico Abreu, vocero de las organizaciones, detalló que la recolección de firmas se realizará en diferentes plazas públicas y tiene come meta pedir al gobierno la creación de una comisión especial de fiscales no vinculados al partido gobernante y que cuente con apoyo de especialistas de Naciones Unidas.
El gobierno “no está dando señales de que tenga interés de profundizar estas investigaciones”, comentó Manuel Jiménez, uno de los organizadores y quien hasta agosto pasado era diputado por el partido gobernante.
Explicó que las firmas serán entregadas al presidente Danilo Medina para que conforme la comisión especial de fiscales no vinculados al partido gobernante a fin de que identifique a los beneficiarios de los sobornos.
Recordó que el procurador general, Jean Alain Rodríguez, es dirigente del gobernante Partido de la Liberación Dominicana. La mayoría de los sobornos de Odebrecht fueron pagados durante las administraciones encabezadas por ese colectivo.
El procurador Rodríguez informó este mes que las autoridades llegaron a un acuerdo con ejecutivos de Odebrecht, mediante el cual la empresa pagará 184 millones de dólares como indemnización por los sobornos.
De acuerdo con la Procuraduría, ejecutivos de Odebrecht reconocieron haber pagado 92 millones de dólares en sobornos desde el 2001 para obtener contratos de obras con el gobierno.
Mediante el acuerdo, el gobierno dominicano renuncia a procesar judicialmente a ejecutivos y empleados directos de la compañía, pero sí podrá enviar a los tribunales a representantes comerciales, agentes locales y funcionarios públicos que hayan recibido coimas.
José Rijo, otro ex diputado que participa en la recolección de firmas, consideró que la Procuraduría no podía aceptar dicho acuerdo con Odebrecht sin una sanción de un juez.