Zelaya y Micheletti discrepan sobre plazos del acuerdo

2:20 p.m. - TEGUCIGALPA, Honduras. (ACAN-EFE). -Apenas dos días después de haber dado su conformidad a un acuerdo para resolver la crisis de Honduras propiciada por el golpe de Estado, el presidente depuesto, Manuel Zelaya, y el Gobierno de facto dirigido por Roberto Micheletti comenzaron a discrepar sobre los términos y los plazos del pacto.

El punto de la discordia volvió a ser el referente a la restitución en el poder del mandatario derrocado, que había bloqueado durante casi una semana las negociaciones hasta que la semana pasada una misión estadounidense y la Organización de Estados Americanos (OEA) lograron que las partes se pusiesen de acuerdo.

El Acuerdo Tegucigalpa-San José establece que es el Congreso el que deberá resolver sobre si Zelaya regresa o no al poder.

El presidente depuesto aseguró ayer que no acepta que se ponga en duda su presidencia, ya que fue electo por el pueblo, y que si el Legislativo vota en contra de su restauración no se ha hecho "absolutamente nada más que burlar a la comunidad internacional y burlar al pueblo hondureño con este acuerdo".

Sin embargo, el Gobierno de facto, en un documento sobre el tratado distribuido entre la prensa, afirma que "la restitución del señor Zelaya no es automática" puesto que "se requiere un voto favorable del Congreso" y que el pacto "no hace ningún tipo de recomendación sobre qué decisión debe tomar el Congreso".

El representante del gobernante depuesto en la Comisión de Verificación del convenio que debe entrar en funciones mañana, Jorge Reina, indicó hoy que de no ser aprobada la restitución por el Congreso quedaría roto el acuerdo.

Esta postura ya había sido insinuada ayer por el propio Zelaya en una alocución radiofónica desde la embajada de Brasil en la capital hondureña, donde está refugiado desde su regreso subrepticio al país, el pasado 21 de septiembre.

"Por supuesto que se habría roto y el Congreso daría un paso muy peligroso para el pueblo hondureño", afirmó Reina, embajador del Gobierno de Zelaya ante la ONU.

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