CRISIS EN FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA

Alcalde de Cúcuta demandará a Nicolás Maduro ante la CIDH

Donamaris Ramírez anunció el pasado 29 de agosto que estaba recogiendo las pruebas para elevar ante ese organismo las violaciones cometidas contra los colombianos a raíz del cierre de la frontera y la declaración de estado de excepción. Hoy cumplirá su promesa.

Entre las pruebas que dijo que presentará hay documentos levantados en la Personería, así como testimonios de refugiados que están siendo expulsados y el de una mujer que por un golpe de un guardia está a punto de perder su bebé.

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Un grupo de 42 colombianos deportados de Venezuela y que entró el 25 de agosto a Colombia por el departamento de La Guajira (norte), se suma a los 1071 ciudadanos que hasta ayer habían salido del vecino país por Cúcuta, informó Migración Colombia. Un grupo de 42 colombianos deportados de Venezuela y que entró el 25 de agosto a Colombia por el departamento de La Guajira (norte), se suma a los 1071 ciudadanos que hasta ayer habían salido del vecino país por Cúcuta, informó Migración Colombia.
Un grupo de 42 colombianos deportados de Venezuela y que entró el 25 de agosto a Colombia por el departamento de La Guajira (norte), se suma a los 1071 ciudadanos que hasta ayer habían salido del vecino país por Cúcuta, informó Migración Colombia. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Donamaris Ramírez, alcalde de Cúcuta, llegó hoy, martes 1 de septiembre de 2015, en una escala hacia Washington, Estados Unidos, donde acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para interponer una demanda en contra de Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro, por violación de derechos humanos en la frontera común con Colombia.

El alcalde ya lo había anunciado a través de su cuenta de Twitter el 29 de agosto, tras una reunión preparatoria con su equipo.

La ciudad de Cúcuta es la capital del departamento Norte de Santander, que desde el 20 de agosto pasado se ha visto sobrepasada con la llegada de miles de colombianos, al menos mil 97 de ellos deportados por el gobierno venezolano, y el resto, porque decidieron abandonar la zona fronteriza del país vecino ante el temor de ser deportados y sus familias separadas. 

La crisis humanitarias se ha visto en directo a través de las cadenas de televisión que han transmitido en vivo la llegada de los colombianos con solo la ropa que llevaban puesta cuando les dijeron que debían salir de Venezuela, y algunos con algo más que lograron agarrar cuando los sacaban de sus hogares sin opción a llevarse nada de sus pertenencias. 

El presidente venezolano anunció el viernes 21 de agosto el cierre por tiempo indefinido de un sector de la frontera con Colombia, clausura que inicialmente debía finalizar el domingo, tras un ataque protagonizado el miércoles anterior por desconocidos con saldo de tres militares y un civil heridos que, luego, ligó al paramilitarismo. Ese día Maduro también señaló que estaban llegando al punto límite para soportar una "emigración masiva" e instó a la comunidad de cinco millones 600 mil colombianos que se estima viven en Venezuela a "colaborar con la paz y la estabilidad" del país. La situación se agravó el 28 de agosto, cuando amplió el cierre del paso fronterizo a otros cuatro municipios del occidental estado del Táchira e informó del envío de tres mil soldados para reforzar la lucha que mantiene el Ejecutivo en esa zona contra el contrabando y el hampa.

LAS PRUEBAS DEL ALCALDE

 

En declaraciones a la W Radio, vía telefónica desde Panamá, Ramírez se desmarcó de los que se han amilanado tras el revés que sufrió el gobierno colombiano en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ayer, cuando se quedó a un voto de lograr la cifra necesaria para convocar a una reunión de cancilleres de los 34 países miembros, para analizar la situación que vive la población en la frontera común con Venezuela.

"Haber perdido ayer esa primera gestión no tiene por qué desalentarnos. Por el contrario tenemos una oportunidad muy importante en la CIDH, donde unos comisionados, de manera autónoma e independiente van a analizar esto desde otro punto de vista, especialmente desde el punto de vista probatorio. Nosotros llevamos más de cien declaraciones donde se está demostrando la violación que permanente a los derechos humanos y llevamos una serie de pruebas que consideramos que los comisionados deben analizar", declaró a la emisora colombiana.

Sobre el hecho de que expertos aseguran que en vez de esfuerzos aislados se deberían unir organismos como la Procuraduría de la Nación y la Defensoría del Pueblo, que de hecho han manifestado su interés de acudir a los organismos internacionales para denunciar la violación de los derechos humanos por parte de Venezuela durante los últimos 11 días, Ramírez señaló que Cúcuta es la ciudad afectada, que ha recibido 7 mil u 8 mil personas y que nadie mejor que ellos entiende lo que está pasando.

En el momento en que necesitemos unirnos lo vamos a hacer, yo no tengo ningún inconveniente, aseguró el alcalde, quien agregó que incluso le ha comentado a personas cercanas al Procurador Alejandro Ordoñez que en el momento en que necesiten que coadyuve o que se unan están dispuestos a hacerlo.

Informó que entre las pruebas que presentará ante la CIDH hoy se encuentra "material probatorio recaudado a través de la Personería". Además, dijo, "tenemos también pruebas de otro orden, por ejemplo, refugiados que ilegalmente están siendo expulsados de Venezuela, como maltrato, tortura psíquica, una mujer que por un golpe de la guardia venezolana está a punto de perder su bebé, tiene lo que en medicina se llama aborto inducido".

Ramírez reiteró que su postura de acudir a la CIDH por su cuenta obedece a que "Cúcuta no puede esperar que esto siga sucediendo".

"Nosotros necesitamos una presión internacional, una visualización de este 'reyezuelo' que está haciendo lo que le da la gana. Nosotros que vivimos en la frontera, que entendemos que la frontera es un punto de encuentro y no un punto desunión debemos actuar... Yo he escrito, reitero, con un asesor cercano del Procurador y también lo digo hoy a través de este medio, que estamos dispuestos a que en el momento en que se necesite unir todo este material probatorio se haga, pero además, la Comisión, seguramente, como hacen en cualquier proceso, va a unir los procesos, va a unir todas las pruebas que se presenten, y seguramente será un mismo comisionado al que se le entregue eso. Eso es lo que he analizado con mi parte jurídica y por eso tenemos que ir a actuar con prontitud", puntualizó.

El pasado 28 de agosto la CIDH se pronunció sobre lo que llamó las "deportaciones arbitrarias y colectivas de migrantes colombianos en situación migratoria irregular".

A través de un comunicado disponible en su sitio web, la organización manifestó que de acuerdo con información pública "las autoridades venezolanas estarían desalojando forzosamente a las personas colombianas de sus casas, reportándose abusos y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, para luego proceder a deportar a las personas colombianas de forma arbitraria y colectiva. La forma en que se están llevando a cabo los operativos habría impedido que muchas de las personas pudiesen llevar consigo sus documentos y otros de sus bienes". Asimismo, dijo que la CIDH había recibido información indicando que muchas de las personas deportadas han sido separadas de sus familias y, en algunos casos, personas adultas habrían sido deportadas sin sus hijos.

Por lo anterior, la CIDH instó al gobierno de Venezuela a tratar a los migrantes conforme a las normas y estándares internacionales mínimos, a analizar y fundamentar las deportaciones de forma individual y a abstenerse de adoptar cualquier medida tendiente a destruir los bienes de los colombianos. 

"El Estado venezolano debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que no se apliquen perfiles raciales en el marco de redadas migratorias. El Estado tiene un deber general de respetar todos los derechos de las personas migrantes, incluyendo su derecho vivir libres de discriminación y de toda forma de violencia, a su integridad personal, unidad familiar y propiedad", indicó la CIDH. 

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