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INVESTIGACIÓN GLOBAL

En 2018 el país se acogerá a la OCDE

El presidente Varela le puso fecha a la entrada en vigencia del estándar propuesto por la OCDE para el intercambio automático de información financiera.

Panamá ha modificado su legislación conforme a los estándares promovidos por los organismos internacionales, dijo la canciller.

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La vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, ayer durante su intervención en las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. La vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, ayer durante su intervención en las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.
La vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, ayer durante su intervención en las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. XINHUA/Li Muzi

El país iniciará el intercambio automático de información financiera de acuerdo con los estándares internacionales a partir de 2018. Así lo confirmó el presidente Juan Carlos Varela a medios japoneses durante su visita oficial a Tokio, según recogió la agencia Reuters.

“Para prevenir el uso ilegal de los sistemas financieros de Panamá, queremos cooperar con otros países para mejorar la transparencia”, dijo el mandatario a la cadena nipona NHK.

La semana pasada, la canciller y vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, anunció el compromiso del país “completo e inmediato” con el intercambio automático de forma bilateral y consistente con los objetivos del Common Reporting Standard ( Normas Comunes de Reporte). Este es el esquema promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que será implementado por varios países a partir de 2017 y 2018.

Este sería un nuevo paso del país para fortalecer la transparencia del sistema. Se sumaría una estrategia para prevenir el lavado de capitales que se ejecuta desde junio de 2014 y cuyos avances fueron reconocidos en febrero de 2016 con la salida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y reafirmados recientemente por la división latinoamericana del organismo, denominada Gafilat. 

'UN PAÍS SEGURO Y CONFIABLE'

La canciller y vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, planteó ayer ante la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las estrategias que Panamá lleva adelante en la 

lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos. Esto, a raíz de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que pondría en entredicho prácticas de la firma de abogados Mossack Fonseca referentes a las sociedades offshore.

La canciller aseguró que el Gobierno panameño ha demostrado su compromiso con la transparencia, su convicción en luchar contra actividades ilícitas y criminales, “aun cuando las mismas no nacen en nuestro territorio”.

“Somos un país seguro y confiable, somos mucho más que publicaciones, somos un país comprometido con la equidad, la transparencia y su vocación de servicio”, expresó.

Manifestó también que Panamá ha modificado su legislación conforme a los estándares promovidos por los organismos internacionales competentes en esta materia, como por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), situación que ha llevado al país “a contar con normas modernas y efectivas, que nos permiten prevenir y combatir la legitimación de dinero ilícito en nuestro centro financiero internacional”.

Durante el discurso, reiteró que Panamá implementa una serie de medidas para evitar y prevenir que ese centro sea utilizado para fines ilícitos. “Esto lo hemos hecho aplicando la práctica de la diligencia debida, para un servicio financiero seguro, transparente, confiable y protegido contra las actividades ilícitas”, dijo.

En cuanto a las obligaciones de los abogados, dijo que tanto ellos como los agentes residentes que representan a las personas jurídicas están obligados a aplicar el principio “Conoce a su cliente”, a fin de prevenir el delito del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y cualquier otra actividad ilícita conforme a la legislación y los acuerdos internacionales ratificados por el Estado panameño.

A su vez, destacó que “hemos logrado organizar un Centro Inter-Agencial de Seguridad Regional, que tendrá como propósito principal ser un centro de fusión de inteligencia internacional que facilitará el intercambio de información y la producción de conocimiento estratégico en temas de seguridad”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, quien también participó en la sesión en la ONU, hizo hincapié en el compromiso de Panamá de blindar su plataforma de servicios contra el blanqueo de activos y el financiamiento del terrorismo.

VARELA

En tanto, el presidente Juan Carlos Varela, quien se encuentra en una gira por Japón, señaló en una entrevista a un medio de ese país que pondrá fin al uso de acciones al portador.

“En el futuro, tendrá que saberse quién es el propietario de una compañía”, detalló. “Si queremos estar en condiciones de proteger el sistema financiero y legal de nuestro país, tenemos que luchar por una mayor transparencia, y no solo en Panamá, sino también en otros países”, agregó.

“Haré lo que sea necesario para garantizar que nuestros sistemas financiero y logístico no se utilicen con fines ilegales”, precisó.

Mientras las dos principales autoridades del país explicaron al mundo la solidez del sistema financiero y bancario de Panamá, el viceministro de Economía y Finanzas, Iván Zarak, también se refirió al asunto el pasado lunes en el Foro del Consejo Económico y Social de Alto Nivel sobre la Financiación para el Desarrollo, que se realiza en el marco de una conferencia de seguimiento sobre transparencia financiera, recursos públicos nacionales y gobernanza global en la sede de la ONU en Nueva York.

Ahí enumeró las medidas que ha tomado Panamá en los últimos años para aumentar su transparencia financiera. Entre ellos, destacó que desde 2009 el país ha firmado más de 30 acuerdos bilaterales de doble tributación y de intercambio de información; y que en octubre de 2015 se avanzó a la fase dos de la revisión paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por otro lado, el Colegio Nacional de Abogados anunció que se reuniría con la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, para conocer por qué el Ministerio Público se llevó, tras el allanamiento realizado la semana pasada a la firma Mossack Fonseca, 100 servidores si solo se requería información de 16 sociedades.

Según el presidente del gremio, José Alberto Álvarez, esta actuación podría entrar en una violación de las garantías del bufete, respecto al secreto profesional de los abogados con su cliente.

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