Empresa de exploración panameña asegura tener sus permisos en regla

El representante de una de las empresas que hace exploraciones en Portobelo dijo que sus operaciones se basan en un contrato con el MEF y que han ido al Inac para tramitar su permiso y no los atienden
Foto ilustrativa del Fuerte de San Lorenzo, en Portobelo, provincia de Colón. Foto ilustrativa del Fuerte de San Lorenzo, en Portobelo, provincia de Colón.
Foto ilustrativa del Fuerte de San Lorenzo, en Portobelo, provincia de Colón.

El presidente de Investigaciones Marinas del Istmo, S.A., Ernesto Cordovez, declaró a prensa.com que su empresa sí tiene los permisos para realizar expediciones en la costa de Portobelo, ya que cuenta con un contrato suscrito con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Las declaraciones de Cordovez se producen luego de que Pasquale Pat Croce, fundador del St. Augustine Pirate & Treasure Museum y antiguo presidente de los 76ers, un equipo de básquetbol de Filadelfia, aseguró a un diario de Filadelfia, Estados Unidos, haber descubierto los naufragios de las naves de sir Francis Drake, un famoso corsario inglés en las aguas de Portobelo; como parte de una expedición arqueológica que está conformada por exploradores del Reino Unido, Francia, Escocia, Australia, Panamá y Colombia.

“Nosotros sí tenemos los permisos, y sí tuvimos unos permisos vigentes. Citando un poquito de historia, por un problema legal que ocurrió hace unos años [el contrato con el MEF fue suspendido por la Corte Suprema]… nosotros hemos hecho las cosas de la manera más transparente y legal posible.”

Cordovez remarcó que el contrato con la Nación los obligaba a iniciar operaciones, que si no lo hacían, les podían anular el contrato.  De hecho, el contrato -según consta la Gaceta Oficial 24958- establece en su cláusula segunda que el contratista, es decir, Cordovez, debía iniciar las operaciones de salvamento dentro de los seis meses siguiente a la autorización.

“Los permisos de nosotros se vencieron, y [tras un proceso legal] el fallo de la Corte salió a favor nuestro. Entonces la Corte obviamente obligó a que se nos reconociera el tiempo que estuvimos suspendidos. Entonces el MEF inició la continuidad del convenio por el perjuicio causado a nosotros. En ese mismo sentido el Inac está obligado también a emitirnos en esa fecha la continuidad de nuestro permiso. Hasta la fecha no lo ha hecho”, aseguró el empresario.

Al respecto, la dirección de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (Inac), a través de su departamento de Relaciones Públicas, se mantiene en su posición: que dicha empresa no cuenta con los permisos correspondientes, y que es competencia de ellos y no del MEF otorgar un permiso para expediciones arqueológicas.

CONTRATO DE SALVAMENTO

El contrato a que se refiere Cordovez es el Contrato de Concesión de Salvamento 231, suscrito en julio de 2003 entre el entonces ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, e Investigaciones Marinas del Istmo, S.A., representada por Cordovez.

En la cláusula primera del contrato se le concede a la empresa derechos “exclusivos para realizar toda clase de estudios en los sitios especificados” en el contrato, así como para ejecutar las operaciones necesarias para el “salvamento o rescate de los bienes localizados en las aguas territoriales de la República de Panamá, incluyendo objetos de metal; tesoros; embarcaciones, tales como barcos hundidos y abandonados… incluyendo la carga que se encuentre en las embarcaciones…”.

En 2004, el contrato es demandado por la abogada Yira Casasola, actuando en su propio nombre, quien pide que sea declarado nulo y se suspenda su vigencia.

Entre los argumentos de Casasola -expuestos en la demanda presentada ante la Sala Tercera de la Corte- están que el contrato entre el MEF y Cordovez se basó en un decreto que estaba derogado; que para este tipo de rescates arqueológicos se requiere un permiso previo de Patrimonio Histórico y la firma de un contrato por parte del director del Inac; y que existía un Contrato de Exploración que establecía que una vez localizados los bienes se pondría esto en conocimiento de Patrimonio Histórico y el Inac, para entonces celebrar el contrato de concesión. Estos aspectos, alega la jurista, no se cumplieron.

Según consta en los registros judiciales, en septiembre de 2004 la Corte Suprema de Justicia suspende la vigencia del contrato.  No obstante, en 2007, por otra demanda interpuesta [por el abogado Carlos Carrillo en representación de Miguel Bush Ríos] contra el mismo contrato de salvamento, que también fue presentada en 2004, la propia Corte emite un fallo diferente.  En esta ocasión, la Sala Tercera levantó las medidas cautelares establecidas en 2004 y declaró parcialmente nula por ilegal la cláusula quinta del contrato, en la que se fija el porcentaje del valor comercial neto que se pagará al Estado por los bienes rescatados.

En el fallo de 2007 el magistrado Winston Spadafora Franco salvó su voto. En su salvamento adujo que debió “declararse ilegal la totalidad del Contrato de Concesión”, entre otras cosas porque fue suscrito por una autoridad que carecía de competencia para ello.

RELACIÓN CON CROCE

Sobre la relación de Investigaciones Marinas del Istmo con Pasquale Pat Croce, Cordovez señaló: “Pat Croce no es empleado de la empresa. Es un inversionista que financió una parte de la operación que estamos haciendo nosotros. El equipo de trabajo de él es equipo nuestro”.

Y agregó: “La noticia esa que divulgó Pat Croce no es noticia de Investigaciones Marinas del Istmo y mucho menos de Eco Olas. Esa es una noticia que sacó el señor Pat Croce buscando vender noticia. Él tiene un museo, el St. Augustine, y él simplemente lo que busca es vender publicidad.”

Cordovez dijo que no  puede certificar el hallazgo de un barco del pirata Drake, como lo aseguró Croce en sus declaraciones al diario digital de Filadelfia. “Sería muy irresponsable de parte nuestra decir que ese es un barco de Francis Drake. Nosotros no podemos decir eso; es mejor escuchar un poquito de parte del  arqueólogo nuestro cuál es la verdadera evidencia y entonces poder sacar un juicio final de esto”.

Por último, Cordovez cuestionó a Patrimonio Histórico. “La posición del Inac es muy cómoda. Decir ellos, nosotros no hemos otorgado ningún permiso. Pero que digan toda la verdad. Que digan por qué no lo han dado”.

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