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VISIÓN INTEGRADORA

Acción política en favor de la salud

Recientemente, participé en el coloquio denominado “Salud pública y sociedad”, organizado por la Sociedad Panameña de Salud Pública, con el apoyo de la Ciudad del Saber. El evento tuvo el propósito de presentar una visión integradora, enfocada en los determinantes sociales, aportando al establecimiento de una hoja de ruta para superar la crisis sanitaria que vive nuestro país, contribuyendo a disminuir la inequidad y asegurar la salud, como un derecho humano de todos. En ese contexto me pareció necesario retomar el tema y compartir algunas ideas para la acción política en favor de la defensa de la salud y la vida.

Antes de seguir, recordemos que Panamá aprobó la Resolución WHA62/R14, de la 62ª Asamblea Mundial de la Salud, y, por ende, se comprometió a reducir las inequidades sanitarias actuando sobre los determinantes sociales de la salud. Estos son factores que interactúan entre sí e influyen en forma acumulativa sobre la salud, la carga de enfermedad y la muerte de las personas y las poblaciones, estableciendo las desigualdades e inequidades a lo largo de un país.

Lamentablemente, la esperanza de vida de un panameño depende directamente de dónde haya nacido, porque aquí las diferencias con relación a la esperanza de vida, el alfabetismo, la vivienda y los ingresos son abismales. Para abordar de manera efectiva esos determinantes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (CDSS), que hizo tres recomendaciones –las que, también, suscribimos– para ayudarnos a defender la salud y la vida. Estas son:

1. Mejorar las condiciones en las que nace, crece, vive, trabaja y envejece la población.

2. Luchar contra la distribución desigual del poder, del dinero y de los recursos. Esto implica factores estructurales de los que dependen las condiciones de vida en nivel mundial, nacional y local.

3. Medir la magnitud del problema, evaluar las intervenciones y sensibilizar a la opinión pública a ese respecto.

Me referiré al modelo que nos ofrece la CDSS para actuar haciendo hincapié en los contextos socioeconómicos y políticos, así como en los determinantes estructurales que pueden originar las desigualdades de salud. Estos determinantes cobran especial importancia en Panamá, pues la histórica desigual distribución de las riquezas ha generado, por añadidura, la desigual posición socioeconómica individual dentro de las jerarquías de poder, prestigio y acceso a los recursos.

Según la CDSS, los principales factores contextuales que pueden afectar la desigualdad en esta materia son: los gobiernos, las políticas macroeconómicas, las políticas sociales y las relacionadas con la salud. Así mismo, considera otros factores relevantes como: la cultura, los valores y las normas sociales.

El Estado de bienestar y las políticas redistributivas son dos de los factores que más influyen en la salud. Agrega que no menos importantes son los aspectos principales de la jerarquía que definen la estructura social y las relaciones de clase. Estas características están relacionadas con la distribución del poder, el prestigio y los recursos. También se incluyen determinantes estructurales que influyen en la desigualdad de salud, como el género o la etnia y raza. Esta estratificación de los grupos sociales por los ingresos, el género, etnia, educación, ocupación y otros factores conlleva la creación de desigualdades en las condiciones de vida y de trabajo.

Para ejercer, plenamente, el derecho a la salud es fundamental el empoderamiento de los grupos más desaventajados. Ello implicaría un mejor control sobre los factores que determinan su salud y mayor capacidad para tomar decisiones sobre cómo quieren vivir sus vidas.

Para finalizar, nos dice la OMS, en su documento Cerrando la brecha, que: “Es un imperativo mejorar la distribución desigual del poder entre las distintas clases y grupos dentro de la sociedad mediante el fomento de la participación de los grupos que antes estaban excluidos en el proceso de toma de decisiones. La promoción de la participación de las comunidades en las políticas es fundamental para crear una base social amplia de apoyo para las políticas innovadoras sobre los determinantes sociales. La participación comunitaria puede mejorar de forma considerable la calidad y la capacidad de respuesta de los servicios de salud y otros servicios sociales, al mejorar la gestión, la vigilancia, la responsabilidad y la evaluación. Para facilitar y fortalecer la participación, los gobiernos deben reconocer el liderazgo de los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil. La diferencia actual entre la retórica de la participación y la realidad debe reducirse superando con plena participación los obstáculos, muchos de los cuales suelen encontrarse en los mismos gobiernos...”.

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