Mientras el proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) avanza lentamente en La Habana, en Colombia la violencia sigue cobrándose víctimas.
Y aunque se registran disminuciones en los desplazamientos masivos y los accidentes por minas antipersona, la crisis humanitaria sigue siendo grave en algunas zonas del país. Así lo concluye un informe divulgado en Bogotá por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), de España, que fue comisionado por Naciones Unidas para examinar la evolución de los indicadores humanitarios durante los diálogos de paz. El análisis no incluye el impacto que ha tenido el cese del fuego que las FARC decretaron el pasado diciembre.
Según IECAH, en los dos últimos años cerca de 348 mil personas fueron obligadas a desplazarse, lo que equivale a que 15 mil colombianos salieron de sus hogares cada mes por culpa del conflicto armado. De esos, el 48% tuvo que ver directamente con acciones de las FARC y el ELN, la segunda guerrilla del país. En el caso de las bandas criminales, su responsabilidad es de uno de cada cinco desplazamientos. La Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA), en Colombia, estima que la cifra total de desplazados durante las negociaciones –iniciadas a finales de 2012– puede superar las 450 mil personas, similar a la que se registró entre 2010 y 2012. Lo que sí disminuyó fueron los desplazamientos masivos (34%).
Los investigadores también revelaron que 1.4 millón de personas sufrieron limitaciones de movilidad, muchas durante más de una semana, lo que para la OCHA configura una situación de confinamiento. Las razones van desde amenazas, restricciones impuestas por los grupos armados, campos minados y bloqueos en carreteras por protestas. En este caso, las FARC fueron las responsables del 21% de estas limitaciones, por lo que el IECAH cree que, tras la firma de la paz, esta problemática no disminuirá significativamente.
Una de las cifras positivas es que los accidentes por minas antipersona disminuyeron 38% con relación a lo que ocurrió entre 2010 y 2012. Sin embargo, estos artefactos explosivos, que son usados por las guerrillas para proteger cultivos de coca o frenar operaciones militares, siguen dejando un trágico saldo. Según los registros del gobierno, desde que empezó el proceso de paz y hasta septiembre de 2014, había 644 víctimas.