ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Conferencia anticorrupción, una gran farsa

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Conferencia anticorrupción, una gran farsa

Este es un país de farsas y farsantes. A quienes tienen a su cargo la promoción del sistema democrático les importa un bledo la voluntad popular y, menos aún, el bienestar de la población.

Los encargados de administrar justicia se dedican a perpetrar injusticias, normalmente a cambio de una buena coima. Quienes deben velar por la conservación del ambiente no hacen más que socavarlo, por acción u omisión.

Y, muy a pesar de lo que mandan la Constitución y las leyes, lo que menos interesa a los funcionarios, a todo nivel, es promover la transparencia y combatir la corrupción. Una gran farsa es, en consecuencia, celebrar la decimoséptima conferencia internacional anticorrupción en un país completamente regido por la lógica de la corrupción.

El sistema de corrupción que impera en Panamá trasciende a gobiernos y personas. Está tan incrustado en los cimientos del Estado que ningún funcionario ni organismo se atreve a combatirlo, ni siquiera la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). Irónicamente, Antai es la entidad encargada de organizar la conferencia internacional anticorrupción en Panamá.

Pongo por ejemplo mis esfuerzos por lograr, durante más de una década y sin éxito alguno, que altos cargos del Estado intervengan para corregir una grotesca situación. Hace años opera una red de tráfico de tierras en Darién. Se trata de algo parecido a la rebatiña que este diario denunció en Donoso, provincia de Colón, donde “inversionistas” (coimeros) extranjeros, en contubernio con funcionarios, acaparan secciones del territorio nacional (La Prensa, 10-14, 18 de noviembre).

En Darién, las consecuencias son aún más graves, pues conducen a la privatización, entrega a intereses extranjeros (colombianos mafiosos) y devastación de reservas naturales como la Laguna de Matusagaratí, el humedal interno más grande del país.

A la destrucción ambiental se añade la violencia contra quienes nos atrevemos a denunciar las corruptelas, como la valiente periodista, ecologista, defensora de los derechos humanos y coordinadora de Alianza por un Mejor Darién, Ligia Arreaga, quien ha tenido que salir del país para protegerse de las amenazas que propietarios de bienes mal habidos han proferido contra ella.

Mi denuncia aludió meramente a la punta del iceberg: la adjudicación arbitraria de un terreno de 72 hectáreas al director provincial del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), sin que le asistiera derecho posesorio alguno. Dicha arbitrariedad fue posible gracias a la corrupción en el MIDA y el Programa de Desarrollo Sostenible del Darién, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y parcialmente ejecutado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El acto denunciado comprende al menos cuatro delitos según el Código Penal: uso de bienes públicos en beneficio propio (Art. 341), tráfico de influencias (Art. 354), abuso de autoridad (Art. 355) y falsificación de documentos (Art. 366).

Sin embargo, nada han hecho para rectificar las conductas antijurídicas ni el MIDA ni la Secretaría de Desarrollo Sostenible de Darién y Comarcas Anexas, adscrita al Ministerio de la Presidencia. Antes bien, han protegido y siguen protegiendo el acaparamiento ilícito de fincas. Para rematar, el Juzgado de Circuito Mixto de Darién falló a favor del funcionario del MIDA.

El caso descrito ofrece muchas pistas acerca de las dinámicas de la corrupción, en general y el tráfico de tierras, en particular, un escándalo de marca mayor en Panamá. A pesar de ello, la actuación de Antai, creada, entre otras razones, para examinar la gestión administrativa “a efectos de identificar la comisión de hechos que puedan ser considerados actos de corrupción”, se ha limitado a enviar una carta al ministro de Desarrollo Agropecuario (quien, por cierto, ha incumplido los términos de respuesta que le impone la ley).

Antai prefiere destinar su tiempo y recursos a organizar la farsa que inicia mañana. A ese espectáculo acudirán, por cierto, Julie T. Katzman, vicepresidenta ejecutiva del BID y Yuri Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), quienes seguramente disertarán sobre las eficientes medidas que implementan sus organizaciones para prevenir el uso indebido de sus financiamientos y apoyos, como ha ocurrido en el Programa de Desarrollo Sostenible del Darién. Estaremos muy atentos a sus palabras, seguramente desbordantes de sinceridad y transparencia.

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