PROMESAS

Constituyente, ¿cuándo?: Dorindo Jayan Cortez

Ya son mayoría los sectores que reclaman la constituyente. Que se cumpla la promesa hecha en tiempos electorales por el presidente y el hecho mismo de darle al país una nueva Constitución, se considera una respuesta eficaz al desbarajuste institucional que nos acosa. Con las esperanzas disminuidas respecto al tan esperado anuncio: “la constituyente va”, lo que muchos se preguntan es ¿por qué no se convoca? ¿por qué la indiferencia? Y en mi caso: ¿cuándo?

Apartar el tema de la agenda de gobierno abona a la percepción de “lentitud gubernamental” y a un “no hacer nada” frente al desgarramiento de la institucionalidad estatal. Esta percepción podría seguir creciendo con un resultado poco edificante para la política, cuya situación de hoy exige mucha ética y de moral.

Hay que saber –y de hecho lo saben los que ejercen o han ejercido el poder– que en el mundo actual los niveles de transparencia impactan a la administración pública en diversas direcciones. Tan ausente en la región, la transparencia no se reduce al manejo de las finanzas del Estado ni al hecho de que haya información oportuna sobre las actividades desarrolladas por el Gobierno; también se extiende, como valor no menos importante, al cumplimiento o no de las promesas de campaña. Lo que se dijo que se haría como prioridad. Y una nueva Constitución fue una de esas prioridades.

Que se disparen las alarmas por una nueva Constitución tiene un referente común en nuestra historia republicana. Se cree que es la solución a los problemas. Después de la Constitución militar de 1972 hay una rica experiencia. El primer acto reformatorio de 1982 dictó pautas de lo que fue denominado la “apertura democrática” con “repliegue militar”. Le sigue, en 1994, la aprobación de un título sobre el Canal y la “desmilitarización del país”. Para 2004 se elimina la inmunidad parlamentaria, se establece un número fijo de diputados, un solo vicepresidente de la república y se fortalece el Tribunal Electoral.

La creencia de que las cosas pueden mejorar al cambiar la Constitución se observa también en la región. Hay ejemplos recientes como el de Chile, donde los escándalos de corrupción obligaron a la presidenta Michelle Bachelet a hablar del tema. El descontento con las élites gobernantes es apaciguado con este tipo de salida. En nuestro caso, el caos institucional del quinquenio Martinelli presionó el ambiente electoral. Así resultó la propuesta de una constituyente en el programa del partido que hoy gobierna. Sin embargo, tras más de un año de las elecciones y de ejercicio gubernamental, y en las puertas del debate legislativo sobre las reformas electorales, seguimos en espera. Es básico que no se repita lo del ejecutivo anterior quien, por Consejo de Gabinete, creó la Comisión de los Notables para la reforma constitucional. El producto, de más de 500 artículos, hubiese significado un avance en los derechos políticos, sociales e institucionales, pero se archivó. Urge recobrar la institucionalidad, pero cada día que pasa se desvanece la esperanza y crece el temor ante la posibilidad de que “todo siga igual”.

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