[IMPUESTOS]

Controlar el movimiento de capital

Desde hace dos años Europa busca desbloquear el dogma neoliberal de que el capital y sus especulaciones no paguen impuestos o lo hagan en un porcentaje mínimo.

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El 22 de enero de 2013, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Grecia, Italia y Portugal, 11 países de la Unión Europea (UE), acordaron establecer en 2014 un impuesto sobre transacciones financieras (ITF) para gravar compras y ventas de acciones, bonos y otros productos financieros.

Salvo en Francia e Italia, que implantaron un ITF aguado en 2013, en 2014 no hubo el ITF prometido en los otros nueve países del acuerdo. Los ministros de economía de la UE (Ecofin) dijeron después que el impuesto sería realidad en 2015. Pero tampoco. En el último Ecofin del pasado 12 de septiembre, Luis de Guindos, ministro de economía español, aseguró que era “imposible” que el ITF se aplicara en 2016. Y el ministro austriaco de finanzas, Jörg Schelling, arguyó que hay “cuestiones delicadas por resolver” y que, en cualquier caso, el ITF sería “con tarifa baja”.

La cruda realidad es que el capital apenas paga impuestos, por muchos beneficios que obtenga, y el ITF sería empezar a desbloquear el dogma neoliberal de que el capital y sus especulaciones no paguen impuestos o apenas. En España, según estudio del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), el 40% de lo que recauda la Agencia Tributaria es por el impuesto sobre la renta. De esa recaudación, 84% es por impuestos de rentas del trabajo y solo 9% por las del capital. Va siendo hora de que el capital pague lo que le toca.

Lo cierto es que este ITF nació corto y a regañadientes. La propuesta inicial más osada era un modesto gravamen del 0.1% por compra y venta de acciones y bonos. Pero aun es más microscópico el ITF sobre especulación de productos derivados: una ridícula tasa de 0.01% sobre compra y venta de tales productos, muy especulativos y arriesgados. Lo que salva tan exiguo ITF es que, a pesar de su debilidad, gravaría productos financieros y eso es un cambio fundamental. Si por fin arranca, bancos, fondos de riesgo, de pensiones y seguros, con domicilio fiscal de emisión o recepción de esos productos en alguno de los 11 países del acuerdo, por fin pagarían impuestos por operaciones especulativas.

El ITF se basaría en el “principio de residencia” y “de emisión”. Se aplicará a transacciones financieras en las que intervenga una institución financiera domiciliada en un Estado miembro de la UE que forme aparte del acuerdo, tanto si actúa por cuenta propia como de alguna parte en la transacción.

Ese ITF permitiría controlar en parte y registrar algunas transacciones más especulativas, disuadir a algunos especuladores de hacerlas (por obtener menos beneficio por el impuesto) y obtener además un ingreso extra para la Hacienda de los países donde se aplique. Un buen primer paso para empezar a dificultar que el dinero se mueva sin control. Sin embargo, a pesar de la innegable modestia de este ITF, los servicios jurídicos del Consejo Europeo dijeron que el ITF era ilegal. Juicio gratuito que el Financial Times publicó a toda página, por cierto. También se opuso la City de Londres (centro principal de especulación financiera y verdadero paraíso fiscal) e incluso el Banco Central Europeo mostró preocupación por el ITF, además de que el inefable Reino Unido lo recurriera ante el Tribunal Europeo de Justicia.

Por su parte, las empresas de gestión de las bolsas y la patronal bancaria europea expusieron su preocupación porque otras tasas similares de ámbito nacional en otros lugares habían supuesto fuertes caídas en el volumen de contratación. ¡Increíble! ¿No se han enterado de que un objetivo confeso del ITF es disuadir de la especulación financiera y, por tanto, ha de descender el volumen de ciertas contrataciones?

Cuando a finales del siglo pasado el movimiento social global ATTAC reivindicó en solitario un impuesto sobre las transacciones financieras (entonces tasa Tobin sobre operaciones con divisas), los tomaron por locos. Por fortuna, hoy ya no solo es razonable sino reconocido, necesario y justo (en realidad, imprescindible) este impuesto sobre el capital y sus movimientos. Así lo considera el 61% de la ciudadanía europea, según encuestas recientes.

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