DERECHO A UNA VIDA DIGNA

Criminalidad y justicia social

Existen países en el mundo donde solo el escupir en la vía pública o decir palabras obscenas conlleva una multa severa, como son los casos de Japón y Singapur. En otros países el nivel de seguridad es tan alto y la criminalidad tan baja, que sus ciudadanos duermen con las puertas abiertas, sin ningún temor. Ejemplos de esto son Canadá, Islandia, Dinamarca y Suecia. En estos países las cárceles están vacías, pues el índice de criminalidad es de apenas el 0.04% (Japón en particular), según datos de la Unesco. La erradicación de la delincuencia y el mejoramiento del nivel de vida radica en lo siguiente:

1. Disminución de la desigualdad por medio de una educación de calidad para todos, así como acceso a bienes sin distingo de clase. La riqueza es destinada a mejorar sus infraestructuras y el nivel de vida de sus habitantes, con empleos bien remunerados.

2. La justicia es igual para todos. Una justicia parcializada crea frustración, descontento y afecta la estabilidad social. Las instituciones judiciales mantienen la autonomía con relación a los otros poderes y no dependen del beneplácito del Ejecutivo.

3. El acceso al poder público no es asunto del que más dinero posee, sino de capacidad. La sociedad civil ha logrado tal nivel de poder disuasivo que ningún gobernante se atreve a ser examinado negativamente y hacen en su gestión lo que el pueblo les encomendó. Los puestos a cargos directivos y ministerios son sometidos a concurso para que el primer ministro elija de una terna a los más capaces sin que se vean involucrados lazos familiares o lealtades políticas.

4. La corrupción no es tolerada bajo ningún argumento o posición social. Muchos funcionarios de altos cargos han renunciado por ser mencionados como partícipes secundarios de corrupción. Hay figuras públicas que han atentado contra su vida por la vergüenza social a que se han visto expuestos.

Los países antes mencionados ostentan un sistema económico capitalista, sin embargo, tanto gobernantes como gobernados han comprendido que la clave de una sociedad tranquila y en estado de bienestar está en la transparencia y en la equitativa distribución de la riqueza. Los empresarios y grandes comerciantes practican la filosofía de que un solo desempleado constituye una pérdida para la sociedad. Los salarios son elevados para que todos puedan tener acceso a bienes necesarios para el desarrollo humano, contrario a lo que existe en América Latina, donde el empleo depende de la inversión privada que solo busca ganancia y las ofertas del Estado que se brindan bajo la bandera del nepotismo y la compatibilidad política, descartando la responsabilidad y la aptitud laboral.

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) identifica en África y América a los países más violentos y con menos oportunidades para una vida digna, por la mala distribución de la riqueza. Países como México, Venezuela, Colombia y Brasil son los más inseguros para vivir. Estos países comparten con Panamá situaciones comunes: corrupción y clientelismo a gran escala, los cargos en instituciones judiciales dependen del Ejecutivo, sesgada percepción de la seguridad en la que esta depende de equipos y números de policías y las cárceles son centros de corrupción y escuelas del crimen. En Panamá, según el Ministerio de Economía y Finanzas, solo el 10% de las familias más ricas tenía 37.3% más ingresos que el 10% de las familias más pobres y ganan 40 veces más que el resto de la población. La mayoría de los gobernantes panameños proviene de familias élite, incluyendo al actual mandatario, Juan Carlos Varela. Todos estigmatizan el problema de la delincuencia a los barrios pobres. Recientemente, a raíz de un incidente en el que reclusos sacaron a relucir armas de fuego en un penal como reto a la autoridad, en un operativo Varela se apersona a regañar a los reclusos y ordena una investigación para detectar el tráfico de armas en el penal, mal de muchos años. Sencillamente, un delincuente común que percibe impunidad en el delito de “cuello blanco” no siente ningún respeto por la autoridad. Solo en la medida en que se repartan los bienes con equidad, y no para favorecer a unos empresarios amigos del gobierno y se lleven al banquillo con su correspondiente condena a los maleantes de “cuello blanco”, que casi nos dejan sin país en la administración pasada, se dará un paso seguro en la consolidación de la justicia. De lo contrario, el silencio y la lentitud en estos menesteres siempre serán aves de mal augurio.

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