ADECENTAMIENTO

Crisis de credibilidad

Entre la ciudadanía se manifiesta una generalizada falta de credibilidad en todo: en las instituciones, los funcionarios, las personas, etc. La falta de credibilidad hizo crisis y quedó evidenciada durante los recientes fenómenos meteorológicos acontecidos en el país, cuando las autoridades daban las directrices para la seguridad de los ciudadanos, pero estos hacían caso omiso, lo que ocasionó que algunos perdieran la vida.

Además, los ciudadanos creen en los comentarios absurdos que divulga cualquier payaso a través de las redes sociales, desafiando las indicaciones de las autoridades. Tal desconfianza mina la credibilidad general y los cimientos de la institucionalidad del país. Se trata de una característica notoria en nuestra comunidad, provocada por la actuación de los funcionarios, desde el presidente hacia abajo. Tal actitud popular tiene uno de sus fundamentos en las promesas políticas incumplidas. Todos recordamos aquellas promesas, como cero corrupción y, ahora, cero letrinas, convocatoria a una constituyente, obras nuevas y un montón más hechas por los políticos. Todas estas promesas fueron voluntarias, nadie los forzó a hacerlas, por lo que no era necesario empeñar la palabra en algo irrealizable, sin embargo, las hicieron. Es por eso que al hablar con un político se duda hasta del “Padre Nuestro” si él lo reza... es una triste realidad.

Todo se vale y se miente, pública y descaradamente, sin el menor recato. En el Órgano Judicial a cada rato se conocen actos bochornosos que han entronizado una negra nube de dudas hacia los funcionarios, su proceder, los cuestionados fallos de jueces, sus alegatos incompletos y negligentes, intencionales, en caso de fiscales, y de las argucias para torcer la justicia y alargar los juicios de los abogados.

La premisa de que “los abogados estudian derecho para proceder torcido” parece una cruel realidad. La ciudadanía está en total indefensión ante las cortes, porque no son válidos los precedentes jurídicos, y cada fallo parece un conejo sacado de un sombrero, lo que crea esa incertidumbre jurídica que fomenta la corrupción. Por eso, se piensa que hay que pagarle a un juez para que decida lo que es justo, cuando ¡ese es su trabajo!

Con frecuencia se dice que a veces los fallos se convierten en un ejercicio al mejor postor. De esto muchos abogados son cómplices, por acción u omisión, por no saber cuándo necesitarán una argucia ilegal similar para ganar un juicio. Nuestros jueces no se demoran estudiando los casos, sino hurgando en los códigos, exprofeso ambivalentes, para encontrar algún portillo por donde evadir la justicia y sacar un fallo beneficioso a los intereses del que más da.

Es necesario condenar a personas y que cumplan penas por perjurio en juicios, y que los funcionarios que mienten públicamente sean obligados a rectificar sus declaraciones falsas y a recibir sanciones públicas. De igual manera, se debe poder sancionar a los que, usando los medios de comunicación, tergiversan los hechos o declaraciones, hacen afirmaciones alejadas de la verdad o intentan manipular o sembrar dudas, a su conveniencia, en su audiencia sobre los hechos.

La gente común miente por el simple hecho de fantasear con cosas que son evidentemente falsas; le miente a sus hijos, a la esposa, en el trabajo o a los amigos sin que haya motivo para ello. Esto es terrible, porque estas relaciones deben estar basadas en el respeto y la confianza para subsistir. En este país nadie toma en serio las declaraciones bajo juramento. No son más que un papel higiénico usado y lo seguirán siendo hasta que los ciudadanos forcemos a que esto se revierta.

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