POLÍTICAS PÚBLICAS

Desarme ciudadano contra la criminalidad, una total falacia

Desarme ciudadano contra la criminalidad, una total falacia Desarme ciudadano contra la criminalidad, una total falacia
Desarme ciudadano contra la criminalidad, una total falacia

Con cierta frecuencia surgen voces gubernamentales que claman por el desarme ciudadano para combatir la criminalidad. Esta es una costumbre que sobrepasa administraciones y que se ha implementado parcialmente, a través de una prohibición a la importación de armas que tiene más de seis años de vigencia y ha conducido a la situación en que un ciudadano que desee adquirir armas para fines lícitos no puede hacerlo, pues no hay inventario de tales artículos en las tiendas especializadas.

El más reciente llamado al desarme ciudadano proviene de un funcionario que redactó un borrador de ley de desarme, que pretende imponer penas de cárcel de 15 años a personas que no entreguen sus armas registradas al Estado, con lo que se crea un delito sin víctimas. Resulta curioso que el proponente, quien por su cargo tiene escolta armada pagada con fondos públicos, pretenda el desarme de los ciudadanos y su absoluta indefensión ante un posible ataque de criminales. Ello puede ser considerado como otro ejercicio de demagogia e hipocresía al que nos tiene acostumbrada la clase política.

Desde hace más de 10 años, el suscrito ha solicitado al Ministerio de Gobierno y Justicia y al de Seguridad Pública, a partir de su creación en 2010, que indiquen mediante estadísticas qué porcentaje de los delitos violentos han sido cometidos por ciudadanos portadores legales de armas de fuego y, simplemente, no llevan esa estadística, pese a que hay un registro de los portadores legales, así como también de los antecedentes penales de todos los ciudadanos de este país, por lo que bastaría el cruce de ambas bases de datos para obtener la información. Esa negativa a llevar o presentar la estadística solicitada, es evidencia de que dicha información es estadísticamente irrelevante.

La prohibición de importación de armas vigente en Panamá ha impedido inversiones cuantiosas de empresas internacionales que pretendían establecerse en nuestro país para brindar servicios de seguridad y/o transporte blindado de valores, porque no existen las armas necesarias para brindar ese servicio, con el mínimo de seguridad que exigen los estándares de la industria.

Esa errada política pública contrasta con varios estudios científicos realizados en otras latitudes que demuestran la no correlación entre posesión legal de armas de fuego por los ciudadanos, y la criminalidad violenta. Lo que llama la atención es que prácticamente todos los países que prohíben el porte de armas a sus ciudadanos experimentan un aumento de los niveles de violencia y criminalidad a partir de dicha prohibición.

El caso de Venezuela, donde Chávez dijo que los ciudadanos no necesitaban armas en 2002; el de Brasil, donde Lula prohibió el porte durante su gobierno, o el caso británico, en donde a partir de su prohibición en 1997 ha aumentado la incidencia de violencia y homicidios (incluso con armas de fuego), denotan claramente que esa prohibición solo alcanza a los ciudadanos cumplidores de la ley y no así a los delincuentes; estos casos contrastan con Estados Unidos el país con más ciudadanos armados en el mundo, pero cuya tasa de homicidios es más baja a la de todos los países de Latinoamérica o de Suiza, con la segunda tasa más alta de ciudadanos armados en todo el mundo, donde incluso el Estado entrega armas de guerra y municiones a los ciudadanos, al terminar la instrucción en las milicias, y tiene la más baja tasa de criminalidad del mundo occidental.

Si queremos lograr una disminución de los niveles de violencia y criminalidad en Panamá, dejemos de buscar la fiebre en las sábanas y dediquemos los esfuerzos a atacar el problema.

Cuando un Estado o un gobierno desarma por ley a los ciudadanos, transmite el mensaje inequívoco de que desconfía en sus ciudadanos. Viendo los antecedentes históricos del siglo XX, cuando todos los genocidios (el armenio por los turcos, el de los nazis, el Holodomor de Stalin, los millones de muertos de Mao, la Cambodia de Pol Pot y los casos de represión totalitaria contra la disidencia política realizados por la Cuba castrista y la Venezuela de Chávez-Maduro) han sido precedidos por el desarme ciudadano, de manera que, por sentido común e instinto de supervivencia, los ciudadanos deberemos desconfiar, firmemente, de ese gobierno.

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