NORMAS CONSTITUCIONALES

Discriminación y matrimonio igualitario

Se entiende por discriminación todo trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. (significado literal). La Constitución Política de Panamá consagra su rechazo a la discriminación, cuando en su artículo 19 dice: “No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”. Pero hay una realidad, y es que no todos los habitantes del mundo somos iguales. Y una de esas diferencias es que algunos somos hombres y otras son mujeres, y eso no tiene nada de malo. En esa línea la Constitución no prohíbe que haya o se establezcan distinciones entre los habitantes del Estado como podrían ser que las mujeres, por su condición de serlo, se jubilen antes que los hombres o que sean beneficiadas con una licencia de maternidad de mayor extensión.

En tal caso, lo que no podemos aceptar son los distingos que sí dirigen o apuntan hacia la discriminación, porque entrañan una limitación o restricción injusta; un trato desfavorable para determinadas personas que en principio se hallan en la misma situación que otras y, sin embargo, reciben un trato favorable.

La discriminación constituye una distinción injusta o injuriosa a través del distingo. Asimismo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha expresado con sobrada continuidad que la discriminación implica favorecer a determinada persona, a título personal e individual. Como también ha dicho en innumerables ocasiones que no se puede permitir un trato distinto entre personas, sean naturales o jurídicas, pero que se encuentren en iguales condiciones. Las normas legales no deben establecer o las autoridades públicas no deben practicar, un tratamiento desfavorable contra cualquier persona por la sola razón de su raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

Tomando en cuenta lo sostenido me pregunto: ¿Implica el matrimonio entre un hombre y una mujer (frase que se ataca por ser supuestamente inconstitucional) un tratamiento desfavorable para determinadas personas, o bien, una distinción injusta o injuriosa o entrañan una limitación o restricción injusta? La respuesta negativa a esta interrogante es muy fácil de explicar. El hombre y la mujer, de salida, no son iguales. Se hallan en situaciones muy diferentes en temas como la jubilación y la maternidad (licencia). El trato desigual que constituye discriminación es aquel que se daría entre iguales y los hombres no son iguales a las mujeres.

El matrimonio ha sido una institución practicada entre y regulada para un hombre y una mujer. Y el mismo se realiza, no importa la preferencia sexual, raza, religión o ideas políticas de los contrayentes. De imponerse estas preferencias en ellos para contraerlo, entonces estaríamos practicando la discriminación. Pero no permitir que un hombre se case con un hombre, o que una mujer se case con una mujer, no puede ser considerado como discriminación, precisamente, porque el matrimonio se realiza entre distintos (el hombre y la mujer). Porque el hombre y la mujer que se casan no están recibiendo un trato favorable. Están, simplemente, formalizando una unión regulada y establecida desde los cimientos de la civilización entre un hombre y una mujer.

Lo expuesto llevó a la procuradora general de la Nación y al procurador de la Administración, en sus respectivas vistas, a afirmar de manera categórica que los artículos atacados de inconstitucionales respecto al matrimonio “entre un hombre y una mujer”, sencillamente, no lo son. Y si la CSJ mantiene ese concepto y criterio jurídico, sin entrar en elucubraciones de una supuesta discriminación que no existe ni en el derecho panameño ni en los convenios internacionales, no solo acatará nuestro ordenamiento institucional, sino que permitirá que el debate se lleve en la esfera correspondiente, a través de la expedición de una ley, de un cambio constitucional o hasta un plebiscito. Y no una simple y llana “advertencia de inconstitucionalidad”, manejada como un recurso para darle la forma adecuada, y que es en el fondo legalmente improcedente.

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