JUSTICIA

Medidas cautelares en el sistema acusatorio

Cuando una persona es aprehendida por haber cometido un supuesto delito, tiene que ser presentada ante un juez de garantías para que se decida en una sola audiencia, la legalización de aprehensión, la formulación de imputación y la imposición de medida cautelar.

Es necesario acotar que el propósito fundamental de la medida cautelar es la de mantener al imputado sujeto al proceso y asegurar los fines del proceso, esto es que finalice en un juicio público y consecuente sentencia, producto de una valoración racional y apegada a la sana crítica de las pruebas aducidas por las partes; o bien, a través de un método alterno de conflicto como acuerdos de pena o suspensión condicional del proceso.

Tradicionalmente, era el Ministerio Público el que imponía las medidas cautelares, principalmente la detención preventiva, pese a que era la última a aplicar cuando todas las demás resultaban inadecuadas o improcedentes, fundamentado básicamente en que la naturaleza del delito era grave y la pena a imponer era mayor a cuatro (4) años de prisión, sin tomar en consideración otros aspectos, resultando la motivación parca e insuficiente.

No obstante, en el sistema acusatorio, el Ministerio Público debe someter la aplicación de la medida cautelar a un juez de garantías, quien deberá ponderar, además de la naturaleza del ilícito como su penalidad, los aspectos contenidos en los artículos 224, 227 y 237 del Código Procesal Penal, en concordancia con los principios que rigen las medidas coercitivas de la libertad personal expuestas en el artículo 12 del mismo código.

Estas aristas se relacionan a los principios de necesidad, proporcionalidad, instrumentalidad, menor afectación de derechos del acusado; es decir, que la medida cautelar debe ser necesaria, en el sentido que es imprescindible su aplicación con base a verificar la existencia de la medida menos lesiva a los derechos de la persona, conforme a los hechos y circunstancias; que sea proporcional a la naturaleza, bien jurídico lesionado, penalidad y circunstancias del delito, considerando el interés de la persecución penal y la libertad individual como derecho fundamental; que sea considerada como un instrumento, dependiente del proceso penal para asegurar que sus fines no sean ilusorios; y que los derechos fundamentales del imputado sean afectados en su mínima expresión.

Consecuentemente, se analiza la posibilidad de fuga del imputado, el peligro de destrucción o afectación de medios de prueba, así como el grado de peligrosidad que esta persona pueda representar para la víctima, sus familiares y la sociedad, en general, a causa de la naturaleza del delito, su comportamiento social, pertenencia a bandas delincuenciales, condenas pendientes.

Estos aspectos, por tanto tiempo relegados, también son de obligatoria consideración para los jueces y fiscales del sistema inquisitivo, toda vez que el capítulo I, del título V, del libro II, del Código Procesal está en vigencia en todos los procesos sin distinción, conforme al artículo 557 de la ley procesal penal.

Finalmente, es esencial enfatizar que la imposición de una medida cautelar de detención provisional no significa que la persona sea culpable del hecho, puesto que esta medida no constituye pena anticipada, medida de seguridad o medio para satisfacer emociones de venganza ciudadana. A contravía, si se impone medida distinta como reportarse periódicamente, impedimento de salida del país, fianza, etc.; no implica tampoco que el imputado haya sido relevado de su responsabilidad penal, toda vez que esta será debatida en juicio público oral, o será supeditada a un medio alterno de conflicto.

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