La semana pasada, del 23 al 29 de abril, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en conjunto con la Campaña Global por la Educación (GCE), llevó a cabo la Semana de Acción Mundial por la Educación 2017, actividad que recibió nula cobertura informativa de parte de nuestros medios de comunicación, menos aun referida por el Ministerio de Educación (Meduca). Por tanto, dudo mucho también que los coordinadores del Diálogo del Compromiso Nacional para la Educación estuvieran enterados.
El tema central de la Semana de Acción Mundial por la Educación de este año era simple, pero contundente: la rendición de cuentas y la participación ciudadana para llevar a cumplimiento el Objetivo No. 4 para el Desarrollo Sostenible 2030: una educación inclusiva y de calidad. Esta iniciativa hacía hincapié en que es imprescindible una gobernanza transparente, responsable y con amplia participación ciudadana, siendo esta no solo de un selecto grupo de representantes de gremios docentes, empresariales y laborales, entidades gubernamentales, asociaciones de padres, entre otros, sino una participación que debe incluir e involucrar a todos, léase, a todos los ciudadanos.
Así pues, es imprescindible para no volver a cometer los errores del pasado con diálogos por la educación que terminan en poco o nada resuelto, que cualesquiera propuestas que salgan del último diálogo sean discutidas en cada hogar, escuela, vecindario, comunidad y empresa, antes de que el Ejecutivo, nuevamente –como en ocasiones anteriores–, las convierta en otro mandato desde arriba, o peor aun, en forma de ley. Porque si hablamos de leyes, la primera ley a reformar es precisamente la Ley Orgánica de Educación, que se asfixia y ahoga a sí misma con tanto texto superfluo, inoperante, incongruente e inconsistente con la realidad a la que aspiramos.
Las propuestas del último diálogo, estoy seguro, adolecen de un componente esencial: un conjunto fuerte de evidencias científicas que darían sustento a nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje efectivas que necesitan nuestros niños y jóvenes. Como investigador en educación y parte interesada en aportar al diálogo, hicimos las consultas al organismo coordinador, pero la respuesta fue, para decir poco, excluyente.
Por ello, sin una amplia discusión entre toda la ciudadanía de estas nuevas propuestas, y sin una sólida base en evidencias científicas de cómo podemos establecer calidad de excelencia para rescatar nuestro maltrecho sistema educativo de la sala de trauma, las propuestas podrían terminar en el mismo destino que las anteriores, y solo emparchar algunas que otras aspiraciones laborales o de capacitación a corto plazo. A propósito, invitamos a las autoridades del Meduca a que nos permitan realizar investigaciones científicas, sin obstáculos, para conocer el estado de estructuras conceptuales en ciencias y otras áreas que tienen nuestros jóvenes del sistema educativo público, y definir sólidas estrategias que elevarán enormemente la calidad de la enseñanza; trabajo que hemos querido llevar adelante desde hace años, pero para el que la puerta de Meduca no se nos abre todavía.
Como exconsultor de Unesco resaltamos un mensaje clave de este organismo respecto a cualquier diálogo por la educación: “Los Gobiernos deben establecer procedimientos para involucrar genuinamente a todas las partes interesadas en la planificación, implementación y monitoreo de las políticas y estrategias educativas. La participación debe comenzar con la colaboración de las familias y las comunidades para aumentar la transparencia y garantizar la buena gobernanza en la administración de la educación”.
Exigimos, también, el establecimiento de un sólido sistema de rendición de cuentas que debe incluir herramientas de seguimiento transparente sobre la financiación de nuestra educación, dando prioridad a las comunidades más vulnerables y a una formación docente basada en la evidencia científica y congruente con el siglo del que ya llevamos andado casi dos décadas.
Recordemos que la educación es un derecho humano fundamental porque habilita otros derechos; la educación es un bien público, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
