OPINIÓN

Venezuela, sin Estado de derecho

‘Hace muchos años que en Venezuela gobierna un régimen cívico-militar con un deplorable récord en derechos humanos’.

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La reacción internacional fue inmediata: la mayoría de los gobiernos de la región expresaron su profunda preocupación por lo acontecido en Venezuela. La reacción internacional fue inmediata: la mayoría de los gobiernos de la región expresaron su profunda preocupación por lo acontecido en Venezuela.
La reacción internacional fue inmediata: la mayoría de los gobiernos de la región expresaron su profunda preocupación por lo acontecido en Venezuela. AFP

Los acontecimientos de esta semana marcaron el fin de la fachada democrática del gobierno de Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia, apéndice del Ejecutivo, decidió despojar a la Asamblea Nacional de sus poderes y asumir funciones legislativas. Además, resolvió que los legisladores que apoyaban la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, habrían cometido traición a la patria y perderían su inmunidad parlamentaria.

La reacción internacional fue inmediata: la mayoría de los gobiernos de la región expresaron su profunda preocupación por lo acontecido en Venezuela. Sin embargo, el pronunciamiento más sólido provino del Perú al condenar sin eufemismos “la ruptura de la democracia en Venezuela” y ordenar el retiro de su embajador en Caracas.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski, junto con el secretario general de la OEA, han jugado un rol ejemplar en la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas en ese país.

Ante esta fuerte reacción internacional, Nicolás Maduro optó por un repliegue táctico y “exhortó” al Tribunal Supremo a revisar sus cuestionadas sentencias. En una reveladora movida que ejemplifica la inexistencia de la más mínima independencia judicial, a las pocas horas de la petición oficial, el tribunal obedientemente “aclaró” las sentencias y retrocedió en las disposiciones más aberrantes.

Lo que hemos presenciado en Venezuela no es un accidente reciente ni un acontecimiento aislado. A lo largo de los años, el chavismo ha actuado de forma persistente y deliberada para debilitar los mecanismos de control y avasallar los derechos fundamentales de sus ciudadanos.Veamos cómo se ha ido degradando la democracia venezolana en función de algunos principios básicos:

Elecciones periódicas, libres y justas. El Consejo Nacional Electoral –de abrumadora mayoría oficialista– frenó el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. No ha convocado las elecciones locales y de gobernadores que, según lo estipulado en la Constitución, debían celebrarse en el 2016.

Separación de poderes. No existen instituciones independientes capaces de controlar al Poder Ejecutivo. El ex presidente Hugo Chávez copó con adeptos el Tribunal Supremo en el 2004, y desde entonces tanto Chávez como Maduro siguieron designando a incondicionales del régimen terminando con su función de garante de derechos. Desde que en el 2015 los venezolanos eligieron a una abrumadora mayoría opositora en la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro ha empleado al Tribunal Supremo para anular aquellas leyes que afectan sus intereses.

Represión de opositores políticos y críticos. El Foro Penal Venezolano, una prestigiosa organización que brinda asistencia legal a detenidos, ha contabilizado más de 100 presos políticos, incluido el líder opositor Leopoldo López, arbitrariamente encarcelado por más de tres años. Para estos presos no hay debido proceso y muchos han sido arrestados sobre la base de información proporcionada por anónimos “patriotas cooperantes”. El gobierno usa con frecuencia sus servicios de inteligencia para maltratar, detener y procesar penalmente a opositores políticos y críticos.

Respeto por la libertad de expresión. Son muy pocos los medios de comunicación independientes que subsisten en Venezuela. Las fuerzas de seguridad han detenido e interrogado a periodistas y confiscado sus equipos. Se ha impedido que periodistas internacionales ingresen al país para dar cobertura a la crisis e incluso algunos fueron detenidos por hacerlo. Los canales de TV y las radios están sujetos a la censura oficial. El gobierno ha adoptado medidas para limitar el financiamiento internacional de la sociedad civil que expone sus abusos alegando que dañan la democracia. Centenares de funcionarios habrían sido despedidos de empleos públicos por promover el referéndum revocatorio.

Respeto de otros derechos civiles y políticos. Las fuerzas de seguridad reiteradamente han reprimido brutalmente a transeúntes y manifestantes en protestas contra el gobierno. En algunos casos, han torturado a los detenidos. Durante redadas policiales y militares llevadas a cabo en el 2015 en sectores populares se han cometido ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas, deportaciones de inmigrantes, desalojos arbitrarios, y demolición de viviendas.

Respeto de los derechos económicos, sociales. Venezuela atraviesa una gravísima crisis humanitaria. La severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos ha impedido que numerosos venezolanos puedan tener acceso a una nutrición y servicios de salud básicos. El gobierno ha negado que exista una crisis, no ha adoptado medidas para mitigar la escasez y solo hace algunos días ha anunciado que solicitará asistencia internacional.

Hace muchos años que en Venezuela gobierna un régimen cívico-militar con un deplorable récord en derechos humanos. Sin embargo, las decisiones del Tribunal Supremo de esta semana –tanto al avanzar contra el Congreso como al retroceder por encargo de Nicolás Maduro– marcan un punto de inflexión, porque dejan en evidencia la enorme concentración de poder y la ausencia de un Estado de derecho. Si no hay una fuerte presión internacional, un verdadero ultimátum exigiendo la inmediata e incondicional liberación de los presos políticos, un calendario electoral definitivo y el restablecimiento de la autonomía de los poderes públicos, dejaremos pasar una valiosa oportunidad para obligar a una tiranía que se aferra al poder, a corregir el curso antes de que su pueblo termine en el despeñadero.

* El autor es director de Human Rights Watch

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