El poder es el imperio de la libertad y la arbitrariedad. La ley es la restricción y la domesticación del poder. Las sociedades funcionan cuando se reconoce que la ley fundamental –la Constitución– es la restricción del poder. La relación entre el binomio poder y ley es la legitimación social de las autoridades, aceptada individual y colectivamente.
En 1999 se constituyó el nuevo sistema político venezolano. Fue una iniciativa de Hugo Chávez. Esta aceptación de la Constitución de 1999 permite que la oposición venezolana controle democráticamente la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. Desde ese momento, la Constitución chavista toma distancia del poder, que se transforma rápidamente en arbitrariedad y dictadura. La principal arma de legitimidad del sistema democrático de la quinta república venezolana se transforma en demoledor recurso para el ascenso al poder de la oposición chavista.
Es curioso constatar que los venezolanos en la calle han erigido el respeto a la Constitución como su principal recurso para oponerse a las pretensiones del gobierno, que preside Nicolás Maduro, que se ha quedado sin argumentos de legitimidad y legalidad.
¿Qué sucede en la actualidad? ¿Hasta cuándo el poder real venezolano desafiará la propia ley fundamental que le dio vida? En esto consiste la crisis política de gobernabilidad que sabemos tiene que finalizar, pero ninguno sabe cómo y cuándo. Los escenarios que se vislumbran son complejos por la ruptura del binomio poder-ley. Los que ejercen el poder saben que la ley –su aplicación, por supuesto– no le permite seguir abusando de las prerrogativas de gobernar que tenían hasta finales del año de 2015, por la sencilla razón de que han desactivado el poder constitucional del parlamento, el llamado a revocatorio del pueblo y el ejercicio pacífico del derecho a disentir.
La salida de los usurpadores de la Constitución ha sido menos constitución y un retroceso a los finales de la cuarta república para realizar el salto al vacío del llamado reciente a una constituyente. El grito del poder venezolano de querer ponerse el bozal de la ley constituyente no es creíble. Es un fraude, como lo han calificado los opositores.
El grito de los defensores de la Constitución es una salida electoral anticipada para la elección de los gobernantes. Estas elecciones tienen que ser consensuadas por los interlocutores políticos por la vía del diálogo, por la vía de la confrontación que cada vez exige una mayor beligerancia del poder disuasorio del Estado, que son las fuerzas armadas, o por la vía de la conformación de un gobierno de transición.
No obstante, el escenario real son las convocatorias de las masas a favor o en contra de las autoridades, con el resultado de muerte, provocaciones, miedo, desesperación y caos.
La sociedad venezolana tiene que actuar. En esto consiste el fenómeno de la soberanía y la dignidad nacional, que nadie externamente puede sustituir.
La libre determinación de los pueblos no es la arbitraria decisión del poder, sino el sometimiento al poder constituyente de elaborar, aprobar y sujetarse a su propia ley fundamental.
Venezuela está en la encrucijada. Confiamos en que supere su crisis de gobernabilidad, con la seguridad de que es un bravo pueblo con la prudencia que requiere la historia política del continente y que Chávez intentó conocer.