CREDIBILIDAD

Los abogados y sus deberes ante la sociedad

En momentos en que la nación panameña enfrenta una grave crisis de valores, en la cual las principales instituciones llamadas a garantizar el funcionamiento de la democracia son seriamente cuestionadas, lo cual atenta contra el Estado de derecho, resulta innegable la necesidad de que el gremio de profesionales del derecho comprometidos con la salvaguarda de la institucionalidad haga valer de una manera ilustrada, objetiva e independiente los argumentos que den luz a los ciudadanos y a las autoridades sobre el camino correcto a seguir.

Es indispensable que los abogados nos comprometamos por la modernización del Estado panameño, de tal manera que se garantice la independencia real y efectiva de los distintos órganos de poder que produzca el equilibrio necesario para el funcionamiento adecuado de la democracia, evitando en todo momento que un sistema presidencialista con su poder exacerbado controle y manipule los órganos Judicial y Legislativo, rompiendo con el sistema de pesos y contrapesos que debe imperar en toda democracia.

El gremio de abogados debe liderar la lucha por una administración de justicia independiente, efectiva y oportuna que responda al clamor de justicia de los ciudadanos, quienes acuden a ella cuando ven afectados sus bienes o derechos. De igual manera, una administración de justicia apartada de los vaivenes políticos o de poder que garantice el respeto a la Constitución y las leyes, al debido proceso, y el establecimiento de los derechos conculcados.

Tenemos la obligación como abogados de velar por que el Órgano Legislativo cumpla con su función primordial de emitir leyes que vayan en beneficio del buen funcionamiento del Estado panameño, de la libre empresa, del equilibrio social, de garantizar los derechos fundamentales de los asociados, procurando que las mismas respondan a un consenso social sobre la necesidad de las mismas y no al clientelismo o a intereses particulares. Garantizar que el Órgano Legislativo cumpla con su función fiscalizadora y que sirva de foro de discusión de los grandes problemas nacionales, erradicando dentro de la misma toda función proselitista alejada de las funciones que le otorgan la Constitución y las leyes.

Hay que garantizar un Órgano Ejecutivo cuyos funcionarios entiendan que su designación es para servir a la Nación y al pueblo panameño, que su actuación debe estar enmarcada dentro de los parámetros que el ordenamiento jurídico le impone, que el uso de los fondos públicos debe estar dirigido al beneficio común de la sociedad, y que el mandato dado por cinco años para administrar el Estado no les da la potestad de actuar a su libre discreción, sino que todos sus actos deben ir dirigidos a procurar el bien común, anteponiendo en todo momento el interés colectivo sobre el interés particular.

Este marco democrático solo es posible con el respeto a la institucionalidad a la Constitución y a la ley y para garantizar ello requerimos un gremio de profesionales del derecho, fortalecido, independiente, alejado de los avatares políticos partidistas, comprometido con el país y respetuoso de sus instituciones, practicante dentro de sus propias filas de los valores éticos y morales que lo hagan acreedor de la confianza y credibilidad de la ciudadanía.

No se puede exigir respeto y transparencia, si no se practica, como abogados asumimos el compromiso de luchar por la justicia y el derecho y eso nos obliga a jugar dentro de la sociedad un papel de fiscalizador permanente de la institucionalidad y de censor implacable del abuso del poder y la injusticia. Asumamos dentro de la sociedad la función que nuestra profesión nos manda y contribuyamos a una sociedad más justa, democrática y equitativa en beneficio de todos los panameños.

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