PROCESOS PENALES

Entre acusaciones e imputaciones

El procedimiento penal en Panamá, ahora de corte acusatorio, inicia a través de la investigación preliminar del hecho punible, ya sea de oficio, por denuncia o querella.

El fiscal debe recabar toda la información y obtener los elementos de convicción que le permitan en su momento, formular una imputación e iniciar la fase intermedia para posteriormente, fijarse la audiencia de imputación que conlleva al juicio oral.

En la investigación preliminar se debe asegurar todo lo requerido para comprobar el delito e identificar a los autores o partícipes. Esto implica que antes de la acusación debe darse la imputación.

Pero esto cambió para los diputados con la aprobación de la Ley 55 de 2012, conocida como “Ley Blindaje”. Con esta ley se incluyó en el Código Procesal Penal (CPP) el artículo 491-A, según el cual la investigación preliminar se limitaba para ellos a dos meses. Además, adicionaba expresamente que podría concluirse antes del vencimiento de este plazo, si se hubiesen recogido los elementos de prueba que permitiesen formular “la acusación”. Es decir, implicaba que una vez concluida la investigación preliminar debía pasarse de inmediato a la acusación.

Adicionalmente, el artículo 492 del CPP, tal como lo enmendó la “Ley Blindaje” decía: “Concluida la investigación, el Magistrado Fiscal emitirá por escrito su opinión jurídica en la que expresará su solicitud de elevación de la causa a juicio o de sobreseimiento”. Nuevamente se expresaba la elevación directa hacia la acusación (causa a juicio), pasando por alto la imputación. O sea, que una vez admitida y debidamente ejecutoriada dicha admisión, el artículo 492 le exigía al fiscal “elevar la causa a juicio”, lo que significa que lo facultaba a que presentase una acusación y no una imputación.

En su momento, Ricardo Martinelli (RM) fue declarado en rebeldía, ya que el juez de Garantías, de acuerdo con el artículo 280 del CPP, que se refiere a la formulación de imputación, lo vinculó al proceso. Ahora bien, la defensa había presentado un incidente de objeción contra la actuación del fiscal, porque este presentó la acusación sin efectuar una imputación de cargos. Y según el artículo 491 del CPP el acto (o lo que sería la audiencia de acusación) no podía llevarse a cabo hasta fallar el incidente.

Pero fuese imputación o acusación lo que se decidiese (no podría ser otra cosa), ambas figuras implican la vinculación personal y obligatoria al proceso de RM. Por tal razón, el juez de Garantías señaló que RM debió estar presente. Porque una vez tomada la decisión, el fiscal tenía una de dos opciones: o presentaba la imputación o formalizaba la acusación y ambas figuras implican la vinculación personal al proceso del imputado.

El tema respecto a que se hizo una acusación sin imputación se debe ventilar en una audiencia oral, pero debe estar presente el imputado, tan sencillo como eso.

Porque, de acuerdo con el artículo 285 del CPP, no se puede imputar (menos acusar) sin la presencia del imputado (o acusado). Además, al haber sido llamado a juicio (aunque se trate de un error que puede ser enmendado), implica que se está en la fase intermedia, la cual igualmente exige la presencia del imputado o acusado.

Los abogados de RM pretendieron que el juez de Garantías, en su momento, decidiera que el fiscal debió imputar antes que acusar. Pero, de haber sido el caso, RM debía estar presente de todas maneras porque, independientemente de que fuese imputación o acusación, ambos casos exigen la presencia personalísima de RM.

Si bien es cierto que el artículo 491-A se refería a que puede haber una prórroga de un mes adicional en caso de “imputación” compleja, y en el tercer párrafo calificaba al investigado como “imputado”, al final lo que se buscaba era asimilar la imputación con el proceso de “investigación preliminar”, y así darle más beneficio a los diputados que al resto de los mortales, limitando dicha investigación a solamente dos meses (cuando no debe tener límite por ser anterior al proceso). Entonces se volaron de cuajo la “formulación de imputación”, cuyos dos meses los asimilaron a la investigación preliminar para beneficiarse, pretendiendo crear una imposibilidad de llegar siquiera a la imputación, independientemente de los términos “imputación compleja” o “imputado” incluidos en esa norma.

En conclusión, es en cumplimiento de la Ley Blindaje promovida por RM, y hoy día declarada inconstitucional, por la cual el magistrado fiscal en su momento tuvo que acusar a RM sin formular una imputación.

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