SISTEMA ACUSATORIO

El carácter de la inmediación como principio sagrado del debido proceso: Eduardo L. Lamphrey J.

Es nuestro deber, como profesionales del derecho, velar para que el debido proceso legal sea respetado por las autoridades que administran justicia. Es un poder conferido en virtud de la representación que el Estado otorga a ciertos ciudadanos para que, de manera concreta, medien entre los conflictos de las personas naturales y jurídicas, y estas últimas con los órganos e instituciones del Estado.

En este sentido, el término de justicia más exacto y ecuánime nos lo ofrece el jurisconsulto romano Ulpiano, quien la define de la siguiente forma: “Dar a cada quien según le corresponda”. Manifestando así un espíritu moderno en que la justicia se nos presenta como fin del derecho –más allá de ser una virtud practicada por cada individuo–. Es en este sentido que el debido proceso se manifiesta en nuestra carta magna, a través del artículo 32, como un medio por el que se deben cumplir, con religiosidad, todos los mecanismos procesales para llegar a ese fin que es la aplicación de una justicia sumaria, igualitaria y en tiempo oportuno.

Aquí el juzgador desempeña un papel clave, pues la valoración del material probatorio que sirve de base para una decisión posterior, debe conllevar la presencia activa del juez en todas las etapas probatorias. Sin esa presencia, el principio de inmediación pierde sentido y el debido proceso sería susceptible a una evidente violación de las garantías y derechos de alguna de las partes en el proceso. Este principio es esencial para el sistema acusatorio, pues el juez debe valorar todos los medios de convicción que le permitan formarse un criterio pleno para tomar decisiones y determinar la inocencia o culpabilidad de algún sujeto, sin violar las normas procesales, porque ello llevaría a la impugnación o invalidez del proceso, debido a la posible ilicitud de su procedencia.

Ante este escenario, la inmediación en la valoración de la prueba se convierte en una pieza fundamental para garantizar que el debido proceso sea respetado, de manera íntegra, a la hora de formar una pieza de convicción, así como también a la hora de su valoración.

En este aspecto, el caduco sistema inquisitivo encuentra una de sus más grandes contradicciones con el sistema acusatorio. La valoración de la prueba per se debe garantizar el debido proceso y, para que ello se cumpla, debe practicarse en presencia del juez natural; esto sin confundir el término “inmediación” con el término “oralidad”.

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