CANAL DE PANAMÁ

El celoso guardián de la cuenca

En virtud de la Constitución, a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) le corresponde la administración, mantenimiento, uso y conservación de los recursos hídricos de la cuenca hidrográfica de la vía interoceánica, que incluye los lagos y sus corrientes tributarias.

En su reglamentación sobre áreas de compatibilidad con la operación del Canal, se precisan tres elementos que la ACP, específicamente su junta directiva, tiene que utilizar como parámetros de compatibilidad para el área canalera: Si afecta la operación del Canal, si afecta el tránsito de buques o sus infraestructuras, y si el proyecto tiene algún efecto sobre el recurso hídrico y el ambiente del área de compatibilidad.

Es importante conocer estos antecedentes en el contexto de recientes publicaciones sobre un proyecto para la instalación de un parque de vehículos por parte de la empresa North Properties dentro de áreas de compatibilidad con la operación de la vía interoceánica. También es relevante entender que las áreas contiguas al Canal de Panamá no son necesariamente propiedad de la ACP.

Contrario a la creencia popular, la entidad no ha vendido estos terrenos a North Properties para su explotación comercial. Tampoco cedió ni autorizó desforestarlos. Esos terrenos eran propiedad del Estado y fueron vendidos en el año 2013 por la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) y el estudio de impacto ambiental aprobado por la administración de entonces de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).

La ACP es un celoso guardián del entorno natural dentro del cual cohabita y opera, y fue precisamente ese compromiso el que la llevó a ser la entidad que alertó desde el año 2014 a la ANAM, sobre el uso irregular de un área próxima a la vía Centenario, contigua al Parque Nacional Camino de Cruces.

Desde entonces la ACP ha inspeccionado el lugar. De hecho, el permiso de compatibilidad que la junta directiva aprobó en 2015 fue el que limitó las actividades que el promotor del proyecto pretendía realizar en el área, sumado a una lista de condiciones que debió cumplir antes de poder iniciar sus operaciones.

Debe quedar claro que el permiso de compatibilidad que otorga la ACP solo establece si un proyecto puede operar bajo los tres criterios antes mencionados con respecto a su afectación sobre el Canal de Panamá, y bajo ninguna circunstancia es una autorización o aval para que intervenga, afecte y, mucho menos, destruya el patrimonio que se encuentre dentro de la cuenca hidrográfica o las riberas de la vía.

En el caso en mención, la ACP limitó claramente las condiciones en las que podía operar el proyecto con relación al Canal, por lo que mal puede entenderse ese permiso de compatibilidad como una autorización para talar árboles o deforestar la cuenca.

La autorización otorgada por la ACP no releva a la empresa solicitante, ni a sus contratistas, de la obligación de tramitar los diversos permisos requeridos por las entidades gubernamentales correspondientes y/o privadas que indican las leyes y reglamentos vigentes en nuestro país.

Sobre este proyecto, la ACP le indicó al promotor una serie de medidas que debió tomar, principalmente, para controlar la erosión y la sedimentación, a fin de evitar un eventual impacto sobre las aguas de la zona.

Contrario al manejo noticioso, la actuación de la ACP en este caso es una evidencia y reafirma el compromiso que mantenemos con la conservación de su entorno natural. Así lo demuestran las amplias políticas y programas que la entidad desarrolla de la mano con las comunidades de la cuenca, incluso con esfuerzos en el resto del territorio nacional donde sea de utilidad nuestra ayuda.

Con las comunidades organizadas en comités locales en las 52 subcuencas a lo largo y ancho de las más de 330 mil hectáreas de la cuenca del Canal, la ACP ha impulsado programas ambientales de reforestación, conservación de bosques y protección de las principales fuentes de agua que nutren a más de la mitad de la población del país. A través de exitosos programas, como el programa de incentivos, se ha permitido a decenas de campesinos obtener mejores beneficios económicos del cultivo sostenible del café y, además, legalizar su legítimo derecho a la tierra facilitando la titulación de sus predios. También ha trabajado en proyectos de educación ambiental, lo que ha promovido las buenas prácticas ambientales para que los estudiantes, desde pequeños, se conviertan en agentes transformadores. Es precisamente ese trabajo con los más pequeños lo que alienta y renueva el compromiso de la ACP con la sostenibilidad de Panamá.

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