EVALUACIÓN DE GOBIERNO

La constituyente de Salvador

La constituyente de Salvador La constituyente de Salvador
La constituyente de Salvador

En ese echa “pa’lante” y echa “pa’tras” del primer empleado del pueblo, el presidente de la República, nos encontramos que ahora ha comisionado al viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, para que coordine y evalúe el proyecto de ir hacia una constituyente, promesa incumplida del programa de gobierno.

Me apena la situación incómoda en que debe estar Sánchez. Lo conocí cuando militábamos en el Partido Acción Popular, allá por los años 1985 y siguientes, cuando como consigna teníamos, en plena dictadura: “Constituyente ya”. Me apena, porque conozco a Juan Carlos Varela y sé que él no cree y parece que no entiende qué es una constituyente; pero estoy seguro de que Sánchez sí conoce y entiende, por haber bebido de la sapiencia en estos aspectos del Dr. Carlos Iván Zúñiga.

Varela engañó con la propuesta incumplida de una constituyente, a la que el poder constituido le pone apellido de “paralela”, porque dicen que eso es lo que permite la actual Constitución. Un proceso constituyente emana del poder originario, el pueblo. O es que no se han dado cuenta de que el artículo 2 de la Constitución de los militares enuncia el principio democrático que dice “el poder emana del pueblo”. Entonces, ¿cómo una norma puede coartar a la fuente del poder? Es un contrasentido. Pero es lógico que a Varela y a los que tienen algo de poder político, económico, social y hasta religioso les aterre ceder poder, porque ellos son el poder constituido y, por serlo y ejercerlo, quieren limitar al poder constituyente que es el pueblo, de donde emana el poder. Todo esto lo sabe y lo entiende Sánchez y hoy, por un cargo público o por sepa Dios cuál otro motivo, escribe su fe de erratas, aceptándole a un político tradicional, cuadrarle el círculo de una aberración política.

Sánchez sabe que una constituyente es una acción ajurídica. Y sabe que es una acción política, para solventar una crisis política. Hasta el 2 de noviembre de 1903 regía en Panamá un orden constitucional que no facultaba hacer la serie de cabildos que se dieron en los municipios del istmo para legitimar el acto político de separarnos de Colombia. Si fuera por los politiqueros que tuercen lo que es un acto político, no nos hubiéramos separado de la pequeña Colombia.

Hay voces agoreras que vaticinan que de una constituyente, con los actuales especímenes que son parte del poder constituido, nada bueno saldría. Claro que no, porque, como decía Carlos Iván Zúñiga, “los gusanos que devoran el cadáver no lo resucitan”. Pero es pesimismo puro pensar que el pueblo votaría por esos verdugos, ¿o es que los que impulsarían la constituyente no montarían campaña para hacer conciencia de que esos politiqueros deben ser desplazados?

Durante el período de Mireya Moscoso, previo a las elecciones de mayo de 2004, gracias a la mesa de “nueva Constitución” de la Visión 2020 tomó fuerza la idea de ir a un proceso constituyente. El padre Néstor Jaén (q.e.p.d.), desde la dirección del Comité Ecuménico de Panamá, lideró la recolecta de firmas, pasando de 110 mil. Iba in crescendo el clamor popular por un ejercicio constituyente. ¿Qué hicieron los del poder constituido ante lo que consideraban peligroso? Sencillo, coludieron al gobierno que salía de Moscoso con el que entraba del segundo Torrijos, para que la Asamblea aprobara una reforma constitucional y enfriar el clamor constituyente, con el argumento de que ya se había cambiado la Constitución y no era necesaria una constituyente. ¡Bellaquera!

Y los bellacos, lo fueron tanto, que cínicamente incorporaron el convocar una constituyente en la reforma constitucional. Pero, ¿dónde está la bellaquera? En que calificaron la cantidad de firmas para convocar una constituyente en un 20% del padrón electoral, al 31 de diciembre del año anterior, y dando solo seis meses para recolectarlas. Dieron sin dar, porque se hace improbable que se logre hoy recoger 520 mil firmas con libros fijos y en solo seis meses. Además, la calificaron de paralela, para que, si se daba, no desplazara a funcionarios a término, hasta que se les venciera el período. ¿Se imaginan soportar a personajes, como Valdés Escoffery o Ayú o Chello o Afú hasta el término de sus períodos? Aquí vale destacar la entereza del procurador de la Administración, Rigoberto González, que se identifica con una constituyente llamada originaria, a sabiendas de que su período puede ser cortado con la instalación de la constituyente con plenos poderes, porque emana del pueblo.

Hay que hacer una denuncia. Muchos bellacos del poder constituido conducen a la ciudadanía a pensar que lo requerido es un nuevo texto constitucional. El nuevo texto es el colofón del proceso constituyente que debe tener, como eje, educar a una ciudadanía alejada de conocer sus deberes y derechos, y empoderarla para institucionalizar el Estado, y que no se elija a gente de la peor ralea que, con el sistema actual, sale de representantes, alcaldes, diputados y hasta de presidentes. Esperemos que el ex Papo reflexione y haga docencia y conciencia entre sus colegas de gabinete, convirtiéndose en el ‘Salvador’ de la constituyente sin apellido.

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