POLÍTICAS PÚBLICAS

Los corregidores también son jueces de paz

El corregimiento constituye, en Panamá y en otros países, la unidad territorial más importante para el manejo de la administración pública comunitaria. Ahí convergen numerosas acciones, administrativas y judiciales, para lograr la prosperidad nacional, en paz y con respeto.

Recientemente, irrespetando el hecho de que el corregimiento se remonta al derecho romano, se ha venido gestando un movimiento inusual y fuera de todo contexto histórico, que acrecentará la burocracia e implica más presupuesto a costa del contribuyente. Casi sin hacer un estudio sobre la conveniencia económica y social para los corregimientos, el año pasado se aprobó una ley que crea los denominados jueces de paz, para reemplazar a los corregidores y jueces nocturnos.

Con esta norma, no solo de reemplazo, se requiere nombrar una enorme cantidad de funcionarios, quintuplicando a los que ahora trabajan en las corregidurías. Se nombraría a secretarios, funcionarios de cumplimiento, mediadores, notificadores, a una comisión de apelación y ejecución. Además, haría falta una serie adicional de empleados y de corregidurías de descarga, y la construcción de nuevas instalaciones para albergar a toda esa caterva de empleados municipales.

Actualmente, el presupuesto de las corregidurías en la capital es de 1.2 millones de dólares. Para los nuevos jueces de paz –quizás algunos jamás hayan pisado una corregiduría– se necesitarán más de 6 millones de dólares, dinero que pagaremos todos, con nuestros impuestos. Esta modalidad, que solo aumentará la burocracia y complicará la justicia comunitaria con principios poco prácticos, es promovida por sectores que tienen sentido arribista y, fundamentalmente, fobia de los corregidores, que a duras penas pueden cumplir con sus deberes, arrinconados en oficinas incómodas.

Hemos visto manifestaciones absurdas de ciertos dirigentes contra los corregidores, en una clara confesión de que lo que buscan es poder y burocracia. (La Prensa, 6/4/17). Les da temor que los corregidores sean nombrados jueces de paz. Precisamente, eso es lo que hacen la mayoría de las veces cuando atienden conflictos comunitarios. Los corregidores también actúan como jueces de familia, atienden casos penales, civiles, agrarios y de otras disciplinas, que se multiplican en las áreas rurales. No sabemos hasta qué punto los alcaldes tienen interés en esta modalidad para la justicia comunitaria, pues no son quienes, precisamente, nombrarían a los “jueces de paz” y sus múltiples empleados. Para hacerlo, han planteado que la participación ciudadana intervenga, a sabiendas de que es muy poco representativa.

Lo sano para mejorar la administración y justicia comunitaria, es fortalecer la figura del corregidor, entre cuyas funciones también está establecer la paz en su circunscripción. Darle las herramientas y el presupuesto necesario para que cumpla cabalmente su función, que ha venido superando durante los últimos años, exigiéndole, en algunos casos, título de abogado.

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