El caso Odebretch ha sido quizás el más elocuente síntoma de sociedades viciadas, hipócritas, dogmáticas y amorales. Es el típico reflejo del adoctrinamiento y apatía ciudadana, no solo en Panamá, sino en cada país que la compañía brasileña puso sus sucios pies.
Tanta podredumbre en los sistemas sociales de todos los espectros ideológicos: desde extrema izquierda hasta la extrema derecha, teocracias y los tribales, exige una profunda reflexión sobre las premisas fundamentales que sostienen esta potente mezcla indisoluble entre el estatismo, una doctrina que coloca todo el poder en las autoridades en detrimento de los ciudadanos particulares, y mercantilismo, una creencia que equipara el comercio con la guerra, en la que unos ganan y otros pierden.
Estos dogmas, heredados del medievo, conducen a estas estructuras sociales verticales, y con ello a un daño irreparable a las sociedades en su conjunto, en las que al ciudadano no se le educa, se le adoctrina; y al pueblo se le niega su derecho a rebelión, cuando el nuevo régimen exigía lo mejor de cada uno: racionalidad, honestidad, integridad, virtudes que fueron negadas en la medida que el antiguo régimen se reagrupaba, para seguir sosteniendo que el sufrimiento, la pobreza y la ignorancia seguían siendo valores humanos.
Observe quiénes son los beneficiados con que las poblaciones sigan siendo adoctrinadas de esa manera: políticos corruptos, mercantilistas, narcotraficantes, contrabandistas, que surgen al amparo de leyes no limitadas por la lógica formal ni los derechos inalienables ni leyes naturales ni universalmente válidas a priori de la experiencia histórica e independientemente del lugar. Jamás los neofeudales iban a perder sus prebendas a costa de un pueblo educado. Reyes, príncipes, lores, nobles, plebeyos y siervos cambiaron de nombre a presidentes, dictadores, ministros, diputados, directores y pueblo, pero la esencia se mantuvo: lo justo en el cumplimiento de las leyes es en realidad una imposición de los gobernantes en vista de su propia conveniencia, como bien sostenía el sofista Trasímaco en La República de Platón.
Las denuncias públicas, exigencias sociales y marchas ciudadanas deben ir acompañadas de una urgente necesidad del ciudadano común por educarse. Es la víctima preferida de los neofeudales. Su voto individual no le interesa. El poder del colectivo, sí. Su retórica altruista colectivista como anzuelo suena bonita a los oídos de un pueblo sometido y enmascarado, que hace creer que las virtudes del panameño son las fiestas y lo poco dado a la comprensión del mundo, cultivo para la proliferación de doctrinas nocivas.
Y en el proceso de dejar atrás ese adoctrinamiento contra la población, valdría colocar sobre el tapete “la disputa del método” o “Methodenstreit” en las ciencias sociales, que suscitó entre 1890-1920, y que tuvo lugar en el contexto austro-germánico de Europa de finales del siglo XIX. Los protagonistas de la polémica eran, por un lado, Gustav von Schmoller, representante de la Escuela Histórica Moderna, y por el otro, Carl Menger, fundador de la Escuela Austríaca de Economía. El eje de la discusión giraba en torno a establecer el tratamiento que había que concederle a la economía.
Los historicistas sostenían que era necesaria la observación empírica para inducir desde la realidad las lecciones que daba la historia, y echaban por tierra la idea de formular generalizaciones basadas en la información existente hasta ese momento, porque consideraban que la misma no era suficiente para dicho propósito. Negaban la existencia de leyes económicas universales y atemporales, como proponían los austríacos.
Solo negando como punto irreductible para estudiar los fenómenos sociales en los que el ser humano tiene identidad y actúa de acuerdo a su naturaleza racional, los historicistas pueden elaborar sus teorías sociales, que luego son usadas por los neofeudales en la construcción de sus regímenes. Negando la facultad de la voluntad, el panameño queda expuesto a seguir por deber no a valores de su jerarquía ética escogida de manera libre y voluntaria, sino a las exigencias de las autoridades, independientemente de sus atributos. Según el apéndice II de La Paz Perpetua, del filósofo alemán Inmanuel Kant no puede existir un derecho a la rebelión: actuar por deber es acatar la ley y tolerar al dictador.
Las enseñanzas austríacas han sido marginales, la mayoría de los panameños ignora incluso que existan, pero curiosamente la función de la ciencia es predecir el futuro, y solo violando una ley universalmente válida a priori a la experiencia histórica e independientemente del lugar, la ley de oferta y demanda, los políticos panameños pudieron pasar de un monopolio estatal subsidiado como era el Intel, a uno coercitivo privado por ley, Cable and Wireless. Por ley se negó la entrada a la competencia, creando inflación y el consecuente desprecio del pueblo a las privatizaciones. Los austríacos tenían razón. ¿A cuál “ley” creerle, entonces? Un viejo debate está por renacer en el seno de la comunidad panameña.