COLUMNA INVITADA

Una cuestión de derechos humanos

El Tribunal Penal Internacional ha anunciado su nueva competencia para juzgar casos de acaparamiento de tierras y la destrucción del medioambiente. Este tipo de delitos se suma a los de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad que ya dirimía. La decisión coincide con el asedio al que se ha sometido a defensores del medioambiente y de los derechos de los pueblos indígenas. Decenas de estos activistas han sido asesinados en los últimos años por enfrentarse a los gobiernos, al poder de grandes multinacionales que controlan la extracción de materias primas y a mafias que se dedican a la tala ilegal de los pulmones de nuestro planeta, los bosques tropicales.

Esta decisión supone un reconocimiento explícito por parte del sistema jurídico internacional de la relación que tiene la madre tierra con el ejercicio de derechos humanos fundamentales. Las principales críticas a las nuevas competencias del tribunal podrían centrarse en que, desde que entrara en vigor tras la firma del Estatuto de Roma, se han juzgado en exclusiva a genocidas de países africanos y del tercer mundo. La debilidad de este tribunal, como ocurre en muchos instrumentos del derecho internacional, radica en que los Estados más poderosos no lo han firmado o ratificado.

Por otro lado, el tribunal juzgará a personas concretas que cometan esos delitos. Es decir, personas implicadas de forma directa en la destrucción de bosques, en la extracción de materias primas que ponga en peligro las aguas y las tierras. Incluso, se podrá juzgar a miembros del gobierno y de las fuerzas del “orden” implicadas en el desalojo violento de personas. Pero tendrá poca efectividad para actuar contra los poderes más grandes que muchas veces están detrás de esas violaciones de derechos humanos: gobiernos corruptos y represivos, grupos paramilitares y delincuentes pagados por esos gobiernos, empresas mineras y de extracción, basadas en países del llamado primer mundo.

Pero también se han dado pasos en ese sentido. En 2014, se aprobó la composición de un grupo de trabajo para crear un tratado que obligue a las empresas multinacionales en materia de derechos humanos. Naciones Unidas daba así un paso histórico en el ámbito del derecho internacional, aunque tampoco queda claro en este caso cómo se sortearán los obstáculos legales para dar efectividad a la responsabilidad de las empresas, a los Estados de donde provienen y a aquellos donde operan.

Desde Nueva York, la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales pone en contacto a organizaciones de 70 países distintos, con 270 miembros. La red se organiza por medio de grupos de trabajo, entre ellos el de movimientos sociales o litigio-estratégico, que reúne todas las sentencias que favorecen los derechos humanos. Una base de datos las reúne todas para que cualquier organización tenga acceso a ellas, las utilice y se busque así crear jurisprudencia en el plano internacional.

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