DERECHO INTERNACIONAL

Sobre nuestro dominio marítimo: Guillermo Márquez Amado

Para comenzar, debo explicar que por dominio marítimo se entiende, de acuerdo con el derecho internacional y, concretamente, según la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 (conocida como Unclos 1982), aquellas porciones de mar aledaño a las costas de un Estado, sobre las que este puede ejercer derechos soberanos o facultades jurídicas, aun cuando sean limitadas, con prescindencia de otros Estados.

En cuanto a este tema, por lo demás apasionante, debo decir que las recientes versiones de que nuestras hermanas naciones de Colombia, Costa Rica y Ecuador han suscrito un convenio que limita los espacios marítimos de Panamá deben verse con la mayor objetividad posible y para este fin es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:

1. En la década de 1980, Panamá suscribió convenios bilaterales con Colombia y con Costa Rica para la delimitación de su dominio marítimo y, también, desde entonces se hicieron sendos mapas de dichas áreas, con arreglo a la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o Convención de Montego Bay de 1982.

2. Esas convenciones suscritas con Colombia y Costa Rica contemplaron siempre, con arreglo al Convenio Internacional de Montego Bay, que las líneas de base para la medición del mar territorial, zona adyacente y zona económica exclusiva, fueran amplias; sin embargo, por la particular configuración geográfica de Panamá, que de norte a sur en el continente americano se ubica en el centro y, más bien, atravesada de este a oeste, hace que la aplicación de las normas generales para la delimitación del dominio marítimo termine por encerrar las aguas panameñas, de tal modo que para salir o llegar a ellas necesariamente haya que pasar antes o por las aguas costarricenses o por las aguas colombianas; naciones para las que, además, vienen en ayuda las islas de Malpelo y San Andrés, en el caso de Colombia, y la isla de Cocos, en el caso de Costa Rica. Ahora bien, esta situación no es única de Panamá y se repite consistentemente en muchos países del Caribe y de Centroamérica, en Asia y, ciertamente, en el mar Mediterráneo, donde me atrevería a decir que no hay o casi no hay aguas internacionales, pues los espacios entre las naciones ribereñas son tan cortos, que los países del norte de África colindan con las aguas del sur de Europa, lo que hace que una nave que entre al Mediterráneo, por ejemplo, por el estrecho de Gibraltar, tan pronto traspasa el estrecho, siempre o casi siempre, navega en aguas de distintos países, antes de llegar a su destino, particularmente si va a algún puerto del este del Mediterráneo.

3. Precisamente, en razón de esta realidad presente en la navegación marítima, se ha concebido la figura de “Paso Inocente”, que prohíbe a los Estados ribereños perturbar el paso de cualquier nave que utilice sus aguas territoriales, zona adyacente o zona económica exclusiva, para dirigirse a aguas de otras naciones o incluso a puertos del país respectivo, o salir de ellas, salvo que hubiere razonables indicaciones de que a bordo de la nave se estén cometiendo hechos que pueden tener repercusiones graves en el territorio de la nación por cuyo mar navegan o que pudieran causar daños a nacionales de ese país. Este concepto ha funcionado magníficamente a lo largo de cientos de años y con arreglo al mismo, incluso se prohíbe el pago de peajes o sumas de dinero a las naves que transitan por sus aguas, algo que Panamá, dicho sea de paso, no siempre ha comprendido bien, cuando se trata de sus propias aguas.

4. Lo anterior no significa que debamos aceptar, sin verificación alguna, que lo que sea que hayan convenido estas tres naciones (dos de ellas tienen convenios de límites marinos con Panamá, que deben respetar) no vaya a ser nocivo a nuestros intereses. En este sentido es razonable que la Cancillería haya pedido a nuestros embajadores acreditados en estas naciones, requerir información sobre lo que se ha acordado para hacer los análisis pertinentes y poder, entonces, tomar una decisión de la naturaleza que convenga.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario destacar que las áreas marítimas sobre las que Panamá ejerce soberanía o facultades legales, así sean limitadas de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, es de tres veces la superficie terrestre del país.

Por último, la propia Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece mecanismos para solucionar las controversias que tengan su origen en la aplicación de sus normas, mediante una Corte Internacional de Justicia; sin embargo, no es coherente ni razonable acudir a un tribunal de justicia, mientras no se haya establecido fehacientemente que los derechos de Panamá sobre su mar territorial, aguas adyacentes y zona económica exclusiva están siendo vulnerados; de ahí que se impone que las explicaciones dadas por la Cancillería sean la vía razonable para determinar, primero, si hay menoscabo de nuestros derechos; conversar luego directamente con las partes, si hay reclamaciones que hacer y, por último, acudir a las esferas de solución pacífica de conflictos, si no se hallan soluciones al problema. Esto es lo ecuánime y civilizado.

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