JUSTICIA

A todos les duele una muela

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Deseo sumarme a la indignación popular por la reciente medida cautelar de casa por cárcel otorgada al exrector de la Universidad de Panamá Gustavo García de Paredes, y la intención de una medida similar al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna. La indignación se justifica porque parece confirmarse la percepción generalizada de que tenemos una justicia selectiva.

Aparte de la emotividad que pudiese estar alrededor de una indignación, veamos el asunto jurídicamente. Aunque no soy abogado, me atrevo a asegurar que el Código Penal, en ninguna parte tipifica una pena condicionada a si el condenado está enfermo (excepto si no está facultado mentalmente) o si el cumplimiento de una pena agravaría su salud. Si es culpable va a la cárcel. Entonces, por qué los abogados de un imputado o convicto utiliza la enfermedad de su defendido para justificar su libertad; y lo que es peor, tratan de crear un sentimiento de culpa al sistema judicial y la sociedad misma, si la salud de su defendido se agrava en la cárcel.

Estos habilidosos abogados buscan convertir a los jueces de cumplimiento en “jueces de incumplimiento”, al pretender que la función principal de estos señores sea la de evaluar si un convicto no puede cumplir su sentencia. Señores magistrados, hagan honor a su título, velar porque todo convicto cumpla con su sentencia. Estemos claro en algo, la mayoría de los funcionarios de alta jerarquía son adultos mayores, por lo que alguna muela les duele. Si siendo adulto mayor fueron capaces de disfrutar de la lesión patrimonial que le producen al Estado, deben entonces estar en condiciones de pagar por ello.

Ya me puedo imaginar lo que pasaría si el Sr. García de Paredes es declarado culpable de los cargos que se le imputan. Todos los achaques que le atribuyeron durante su reinado en la Universidad de Panamá seguramente aparecerían. Con estos precedentes será inminente que afrontaremos la misma situación que nos encontramos con los adolescentes en nuestro querido Panamá, donde ciudadanos de la tercera y cuarta edad serían buscados para delinquir.

Entiendo que hasta a un mal nacido se le tiene que respetar sus derechos humanos. Si es así, todo reo tiene el derecho de recibir las atenciones médicas que requiera, dentro de las limitaciones del Estado, desde luego; pero no necesariamente la libertad. Ahora bien, si el Estado no tiene los recursos mínimos, o estima que la atención del recluso le resulta muy costosa, podría delegar dicha responsabilidad al interesado. Pero antes, debe consultar a las víctimas, sus familiares e incluso, a la ciudadanía en general; porque algunos de ellos podrían estar dispuestos a cubrir con los gastos que sean necesarios para que el imputado o convicto reciba la atención que necesita en la cárcel.

Espero que el lector no me mal interprete, al creer que no tomo en cuenta aquel viejo adagio que dice que no hay que hacer leña del árbol caído. En verdad, yo prefiero que se pudra.

El autor es profesor universitario

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