MARTINELLI ENFRENTA A LA JUSTICIA

El final de una época

Los países que prosperan son aquellos que cuentan con un sistema institucional que impone reglas del juego básicas, y que poseen capacidad para asegurar ese cumplimiento. Una de las premisas básicas es la de igualdad de todos sus ciudadanos ante el Estado, la ley, en cualquier conflicto que pudiera desarrollarse. Privilegios y excepciones amparados en el origen social, familiar o político de cualquier ciudadano, en países serios, es cosa del pasado, y en muchos casos, de un pasado realmente lejano.

América Latina se encuentra atravesando un proceso de reinstitucionalización, y sobre todo, de transparencia. Casos como el de Odebrecht han generado cambios políticos en muchos países, incluso hacia funcionarios de gobiernos actuantes, y han desnudado esquemas de corrupción y enriquecimiento escandalosos.

Panamá tampoco ha sido una isla en el sentido de encontrarse afectado por esa injusticia en el tratamiento de algunos de sus ciudadanos ante la ley. Tal vez el caso más sonado hasta ahora lo constituía el del expresidente Ricardo Martinelli, que gobernó entre 2009 y 2014, y a quien se le acusa –entre otras cosas- de montar un sistema de escuchas ilegales contra figuras de la oposición. En caso de ser encontrado culpable de los cargos, puede enfrentar una condena de 21 años de prisión. Martinelli no es ni será el último presidente o expresidente acusado de delitos. De hecho, nuestro país cuenta ya con antecedentes en esa materia, y en el mundo abundan los casos de presidentes o exmandatarios procesados y condenados por delitos mayormente vinculados a enriquecimiento ilícito.

De hecho, y como sucede con cualquier ciudadano, Martinelli debe contar con las garantías del debido proceso, una de las cuales es la presunción de inocencia hasta que se pueda demostrar lo contrario. De lo que sí es culpable el expresidente es de haber intentado evadir a la justicia, refugiándose en Estados Unidos y desoyendo en varias oportunidades las convocatorias a prestar declaración. Hay para ello también sanciones previstas por nuestra legislación, pero considero que la más importante, y a veces la más dolorosa, es la sanción social, la de un pueblo que razonablemente se siente defraudado por quien se presenta como el primero ante sus iguales, y termina traicionando esa confianza abusando de sus privilegios.

La lección que arroja el caso Martinelli es que empieza a verse en Panamá el fin de los privilegios y del desconocimiento de la justicia por parte de algunos, que amparados en prácticas y creencias que debemos desterrar, quisieron ponerse por encima de cualquiera del resto de sus conciudadanos.

Martinelli tampoco es el único responsable de lo sucedido; ni de las supuestas escuchas, ni tampoco de su evasión a la justicia, por lo que para cerrar el círculo y comenzar a dar señales claras de avance hay que desenredar la trama, y que todos los responsables, como sucede en un país en serio, rindan cuentas a la justicia.

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