EDUCACIÓN PARTICULAR

La inversión prohibida

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La inversión prohibida

Mediante la inversión privada, los particulares colocan recursos en un proyecto o empresa a fin de recuperarlo con beneficios adicionales, incrementando el capital invertido gracias a la generación de ganancias. En el mundo actual, casi todos los Estados reconocen la importancia de la inversión privada y buscan mecanismos para incentivarla y promoverla, adecuando las políticas económicas que tratan de alinear con sus estrategias de desarrollo nacional.

En Panamá hay una actividad que pareciera estar vedada a la inversión privada. Una actividad en la que este ánimo de generación de ganancias se percibe como maligno, de manera que las reglas de libre mercado que aplican a todo lo demás, cambian selectivamente para esta actividad en especial. Así vemos que empeora la situación y la tendencia de nuestros gobiernos de ignorar su alcance, y pese a que este sector económico le quita un enorme peso, suele delegar su importancia a los lugares inferiores de sus prioridades, actitud que ha rayado en el desprecio histórico hacia el sector por parte de los gobernantes. Me refiero a la educación particular.

Los recientes ataques a diversos colegios, aprovechando los sentimientos de impotencia de los padres ante los inminentes incrementos, parecen un esfuerzo orquestado por satanizar a los dueños y accionistas de estos colegios particulares, con el fin de justificar la regulación económica de este sector.

En el centro de estos ataques hay grupos ideológicamente radicales, para los que la libertad de enseñanza, que consagra la Constitución, es un obstáculo contra el dogmatismo y el culto a la personalidad de algún tirano oportunista que pudiera llegar al poder. También, tenemos algunos políticos y personas con aspiraciones políticas de escaso talento, que buscan una popularidad que se traduzca en votos y, finalmente, le siguen algunos comunicadores sociales que, sin mayor investigación, priorizan el rating y la inmediatez.

En la educación particular, aunque hay colegios religiosos, la mayoría son escuelas laicas, que no son organizaciones sin fines de lucro. Son empresas privadas que tienen que pagar todos los impuestos municipales, provinciales y nacionales. Son empresas que han invertido cuantiosos capitales en terrenos, edificios, mobiliario, tecnología, instalaciones deportivas, etc.

Para tener una idea de lo que representan las barreras de entrada para invertir en educación por las altas sumas de capital requerido, basta señalar que en marzo de este año el Gobierno anunció que invierte 550 millones de dólares en la construcción de 50 nuevas escuelas. Un promedio de 11 millones de dólares por colegio.

¿Cómo se pretende canalizar los fondos de inversión privados hacia un sector en el que parece estar prohibido generar ganancias? No obstante lo anterior, no es ese ánimo de lucro el que genera estos gritos de auxilio por parte de los padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas particulares. Es nuestra legislación, que mediante el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Educación, en sus artículos 236 y 131, respectivamente, establecen la equiparación de los salarios de los docentes en las escuelas privadas con aquellos del Ministerio de Educación.

Si consideramos el periodo entre enero de 2014 y julio de 2017, los dos últimos gobiernos establecieron aumentos equivalentes al 100% de la planilla docente de los colegios particulares. Y ambos gobiernos lo hicieron sin consultar con los padres de familia que tienen a sus hijos en estas escuelas, y mucho menos lo consultaron con los propios colegios.

Ahora el Gobierno guarda un silencio culposo, permitiendo que la frustración de los acudientes se canalice contra los colegios particulares, sabiendo que fue su responsabilidad establecer aumentos de una magnitud tan desproporcionada. Y sigue callando, a sabiendas de que en los acuerdos de huelga magisterial aceptaron un nuevo incremento de 300 dólares para 2020, cuando la planilla docente de las escuelas habrá aumentado en un 150%. ¿Qué empresa privada en cualquier otro sector de la economía podría soportar aumentos de tal cuantía en su planilla, máxime cuando esta equivale al 70% de los gastos totales de este tipo de empresas?

No hace falta ser financista para intuir que muchas escuelas no podrán asumir semejante aumento y desaparecerán. Aun así surgen detractores que, irresponsablemente, califican de excesivos los aumentos, culpando al sector privado, al tiempo que claman por la regulación de estas empresas privadas.

Sí, los aumentos son excesivos, pero le reclaman a los entes económicos equivocados. Los reclamos deben dirigirse al Estado, quien fue el que originó esta crisis que ahora rehúye, escondiéndose en el silencio cómplice de sus desatinadas decisiones populistas, dividiendo el clamor de la clase media en grupos colegiales.

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