PLENO EMPLEO FORMAL

Hacia una mayor equidad a través de la productividad

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Hacia una mayor equidad a través de la productividad

El PIB por habitante de Panamá lo calcula el Banco Mundial en 22 mil 237 dólares, en paridad del poder adquisitivo, el segundo más alto de América Latina, después de Chile, y mayor al de Uruguay y Argentina. El ritmo de crecimiento del PIB, desde mediados del siglo anterior hasta hoy, ha sido el más acelerado del hemisferio occidental, igual ha ocurrido con el crecimiento económico desde 2000. Panamá acoge a jubilados del primer mundo que encuentran condiciones para llevar una vida satisfactoria, y los organismos económicos internacionales nos catalogan como un país de ingresos medios altos.

La imagen que proyectan estos datos contrasta con los indicadores sociales. Aunque el nivel de pobreza ha caído 20 puntos porcentuales desde principios de siglo, el año pasado el 22% de la población aún era pobre. La distribución del ingreso es la tercera peor de América Latina (Colombia y Brasil, en ese orden, tienen indicadores peores que el nuestro), estamos a la par de Chile y solo otros cuatro países del resto del mundo tienen más desigualdad. Las pruebas educativas internacionales e internas nos sitúan en una de las posiciones más bajas, por el pobre rendimiento de los estudiantes en ciencias, matemáticas y lectura. Además, los institutos de formación profesional no generan la cantidad ni la calidad de trabajadores calificados y técnicos que requiere una economía moderna.

Esta realidad explica por qué buena parte de los ocupados tiene baja calidad de empleo y que los puestos que requieren mayor calificación son ocupados por extranjeros. Al menos, una tercera parte de las personas empleadas están en el sector informal y algunos analistas calculan que la informalidad alcanza a la mitad de los ocupados. La ocupación informal se caracteriza por ingresos bajos, inferiores al salario mínimo; la baja productividad comparativa, y por no estar cubiertos por la seguridad social. Es evidente que las condiciones de vida y trabajo de los panameños son inferiores a las que cabe esperar por el nivel del PIB por habitante que genera nuestra economía. El gran desafío es dar la vuelta a la condición de pobreza y mala distribución del ingreso. Una forma de hacerlo es redistribuyendo los ingresos, pero las experiencias históricas de este enfoque han fracasado o, en el mejor de los casos, han logrado que casi todos los ciudadanos –excepto las élites– sean igualmente pobres, como es el caso de Cuba y Venezuela. Los subsidios tampoco atacan la raíz del problema, aunque programas de apoyo condicionados para mejorar la salud, nutrición, educación y vivienda pueden hacer una contribución efectiva, a largo plazo.

La clave es mantener un crecimiento relativamente elevado de la productividad, para alcanzar un nivel de pleno empleo formal. Esto se logrará mejorando la calificación del recurso humano e incrementando la demanda por empleo. En ese sentido, hay tres áreas en que conviene actuar: una política de inmigración que apoye la mayor productividad; la racionalización de ciertas normas laborales que limitan la productividad; y la adopción de políticas industriales específicas que incrementen la demanda por empleo.

En cuanto a la inmigración, las normas existentes son una “colcha de retazos” de disposiciones para inversionistas, zonas económicas especiales o sedes de multinacionales, entre otras. Un enfoque más racional es integrar armónicamente todas esas disposiciones en una “ley ómnibus” que privilegie la atracción de talento. Los datos demuestran que el empleo de extranjeros calificados mejora las oportunidades de empleo, la productividad y los salarios. El problema no es la presencia de extranjeros en la fuerza laboral, sino las limitaciones para la calificación de personal panameño.

En lo que se refiere a la legislación laboral, la Ley del Área Económica Especial Panamá Pacífico tiene disposiciones sobre el pago de jornadas extraordinarias, vacaciones, día de descanso, ajuste de la fuerza laboral en función de la demanda y sobre acuerdos entre los sindicatos y las empresas para premiar la productividad, entre otras medidas que respetan los derechos laborales y amplían el ámbito para la negociación de contratos colectivos. Ante los positivos resultados de estas disposiciones respecto a la generación de empleo y fomento de la productividad, hay que plantear la conveniencia de aplicarlas a todas las actividades económicas del país. Las acciones que anteceden deben complementarse con “políticas industriales” (normas legales, incentivos, acciones administrativas e inversiones) para sectores que puedan incrementar la demanda por empleo permanente, bien remunerado, como el turismo; mayor desarrollo de un nodo logístico en torno al Canal, el transporte aéreo y las telecomunicaciones y, en especial, el rescate del sector agropecuario. El nuestro es un país de oportunidades, con gran potencial de crecimiento. Mediante políticas eficaces se puede mejorar la calidad del empleo para reducir a un mínimo la pobreza, y una distribución más equitativa del ingreso, lo que se puede lograr incrementando la productividad a un ritmo sostenido.

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