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‘GADGET’. Ahora que la Asamblea Nacional volverá a ser noticia por la elección de la nueva junta directiva, vale la pena recordar la última gran joya fabricada por este órgano del Estado. El 14 de junio pasado se cumplieron los 90 días que tenía como plazo la supercomisión legislativa, creada para investigar los escándalos de corrupción de los últimos 15 años. Si quieren saber los resultados de este faraónico y agotador trabajo, pueden preguntar por Elías Castillo, Luis Eduardo Quirós, Rony Araúz, Crispiano Adames, Zulay Rodríguez, Juan Carlos Arango, Francisco Alemán, Dana Castañeda, Carlos Afú, Jorge Arrocha y Luis Barría.

MORALEJA. Como sabemos, esa comisión se creó con un objetivo claro e inconfesable: desviar la atención sobre el escándalo de las donaciones en la Asamblea. Fue una de esas tantas lecciones al estilo Walter Riso: “Si no quieres hacer nada, fíjate una meta tan amplia y difusa, que al final te permita salirte con una excusa”.

HERRAMIENTA. Una de las grandes deudas de la administración de Juan Carlos Varela y del atomizado Órgano Legislativo es una nueva ley de contrataciones públicas que, sin frenar la gestión pública, contribuya a combatir la corrupción. En 2016 se aprobó una reforma que dejó una amplia ventana para que empresas implicadas en casos de corrupción participen en licitaciones convocadas por el Estado. La ley fue vetada por otras razones y acumula moho en los archivos de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea.

INQUINA. Nos dice Ricardo Martinelli -o al menos quien tiene la clave de su cuenta de Twitter- que intenta “evitar una extradición injusta y basada en torceduras de la verdad y abuso del sistema internacional de cooperación”. Y que confía en la justicia de Estados Unidos. ¿En serio? Cuidado y termina concluyendo que los jueces de allá también le agarraron rabia, como una vez dijeron de la célebre exembajadora Barbara Stephenson.

PEDIGRÍ. El reporte de Stephenson, en el que se informaba que Martinelli le pidió ayuda para pinchar a opositores, cobra sentido ahora que se sabe que hasta una funcionaria del Departamento de Estado -léase Embajada de EU- fue espiada. Que crucen los dedos y salgan de Bosnia, porque la versión de la supuesta persecución política, que ya parece un bodrio de telenovela, no encaja bien a la luz de estos nuevos datos.

BUENA NOTICIA. La idea de una “cédula inteligente”, en la que se puedan incorporar tarjetas como la del Metro y demás, hace mucho sentido en estos tiempos. En Panamá, que nos jactamos de muy modernos, sobran los documentos: cédula, licencia, pasaporte, carné de Seguro, etc. Deberíamos unificar todo eso y simplificarnos la vida.

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