REGLAS DEL JUEGO

Una visión empresarial de Estado

Hace unos días, leyendo un artículo sobre por qué hay naciones ricas y pobres, fue interesante ver cómo de manera muy simple explicaban que no era debido al color de piel, religión, cultura o geografía. Lo que hacía la mayor diferencia eran los gobiernos y las instituciones.

Según el economista Daron Acemoglu (Instituto Tecnológico de Massachusetts ) y el politólogo James Robinson (Universidad de Chicago), los países ricos tienen instituciones que tratan de ayudar a la mayor cantidad de personas, y el Estado se encarga de velar porque todos los ciudadanos jueguen bajo las mismas reglas, en lugares donde el talento, las ideas y la productividad son premiadas.

Muy diferente es la situación en los países pobres, en donde el Estado no asegura las reglas del juego, por lo que los ciudadanos se quedan sin incentivos para invertir, desarrollar o innovar. Además, se crea el sentimiento de injusticia e impotencia por la desigualdad no solo monetaria, sino social.

Luego de pensar un rato sobre esto, me saltó a la cabeza la analogía de que el gobierno funciona, más o menos, como una empresa. Las empresas, como tales, existen básicamente desde los tiempos en que se crearon los gobiernos y sus similitudes son enormes, ya que tienen una finalidad parecida, que es entregar dividendos a sus accionistas.

Queda claro que en el caso de la empresa hablamos de dinero y que por parte del gobierno, de cumplir con las necesidades de los ciudadanos (leyes, carreteras y educación, entre otras). Ambas necesitan producir, desarrollar e innovar para sobrevivir.

En teoría, buscan sacar el mayor provecho, solo que los accionistas varían. Mientras que en la empresa los accionistas son las personas que hicieron algún tipo de inversión o apoyaron para crear lo que hoy genera las ventas, y su división fue acordada; en el gobierno, son los ciudadanos que conforman el Estado los que invierten de diferentes maneras, por ejemplo, pagando sus impuestos.

Las cabezas que lideran estas empresas son elegidas en juntas de accionistas, normalmente, por sus méritos. En el caso del Estado, a esto lo llamamos votaciones populares. En ambos casos, esas personas deben responder por sus acciones, buenas o malas, dentro del esquema de trabajo porque, al igual que una empresa, el Estado también compite con otros Estados.

Entonces, para que una empresa sobreviva debe tener una buena relación entre sus gastos e ingresos, esto es vital para el funcionamiento, y ambas deben coexistir, porque no hay empresa que solo genere ganancias sin ningún tipo de gasto. Sin embargo, si tiene un déficit, año tras año, por no poder generar lo suficiente para pagar sus gastos o préstamos, puede caer en bancarrota y desaparecer.

Ahora, un Estado no puede quebrar como una empresa, pues no es un ente ficticio, pero sí puede caer en esto. Un ejemplo reciente es Grecia.

Ahora bien, lo más importante para toda empresa es generar su clara visión y misión a futuro y a largo plazo. Esto le da las bases para lo que será el resto de sus días. A falta de esta prioridad, las empresas tienden a tomar caminos no planeados y sucumben. Del mismo modo, el Estado debe identificar sus prioridades, de lo contrario entraría en un círculo vicioso cada quinquenio, y cada gobernante traerá un libro nuevo (¿les suena familiar?), eliminará lo que hizo el anterior y estructurar nuevas ideas.

Por esto, el Estado debe tener una visión empresarial para eliminar las decisiones políticas que solo ralentizan las propuestas de provecho para el país. Además, cada entidad del Estado y sus colaboradores deben crear verdadero valor tangible o intangible, para asegurar el crecimiento, la planificación y la sustentabilidad y, siendo así, cada ciudadano o accionista del Estado debe cumplir con los deberes y derechos que se le otorgan, además de exigir a sus líderes las mejores decisiones para la mayoría. Por último, como ocurre en toda empresa, si el modelo no funciona o no genera el retorno esperado, está la opción de cerrarla o de hacer los cambios necesarios.

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