VENTANA FISCAL

No todo lo que brilla es oro

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OPINIÓN

La historia tributaria de Panamá nos dice que los promotores de bienes raíces (entiéndase como tales a los dueños de los proyectos inmobiliarios habitacionales o comerciales), salvo contadas excepciones, no han cumplido con el pago del impuesto aviso de operación, antes conocido como impuesto de licencia. La razón puede estar en la falta de fiscalización por parte de las autoridades fiscales o en la ignorancia de las normas respectivas por parte de los mismos promotores, de sus contadores y de sus asesores.

Pero el cambio llegó. Recuerdo haber estado presente en la reunión realizada en mayo de 2010 en la Presidencia de la República cuando una nueva tarifa especial (ver recuadro) fue negociada y aprobada entre felices promotores y las autoridades de turno. Finalmente la tarifa especial se hizo ley de la República mediante la Ley 33, que nació el 30 de junio de 2010 con condiciones no negociadas previamente. Estas condiciones son:

1) que el permiso de construcción haya sido emitido a partir del 1 de enero de 2011. Los proyectos anteriores al año 2011 no califican para la tarifa especial y deberán tributar en base a las normas generales del Código Fiscal;

2) que el contribuyente se dedique a la compraventa de bienes inmuebles (residencias y locales comerciales nuevos) como su giro ordinario de negocios;

3) que el terreno donde se desarrolla el proyecto inmobiliario haya sido revaluado dentro de los dos años anteriores a la venta del proyecto;

4) que el contribuyente presente al momento de liquidar el impuesto una declaración jurada en la que hará constar el cumplimiento de los requisitos para acogerse a la tarifa especial;

5) que el promotor presente su declaración jurada de rentas anual mediante la cual se obliga a pagar el impuesto de dividendos o, en su defecto, el impuesto complementario, y el impuesto aviso de operación. Todos ellos prescriben a los 15 años.

Como la DGI puede actuar y aplicar las normas en forma retroactiva, según los años que las leyes de cada impuesto lo permitan, lo más recomendable es no caer en nuevos riesgos. Ello sólo se logra cumpliendo con las normas.

Cabe agregar que las condiciones del referido punto cinco no son nuevas, pues siempre han sido parte de las obligaciones fiscales de los promotores de bienes raíces. Su incumplimiento ha sido producto de la falta de atención de las administraciones fiscales pasadas, lo cual incluso ha propiciado que muchos promotores inmobiliarios hayan hecho una sociedad para cada proyecto, enterrándola una vez terminado de venderlo, evadiendo así todas sus obligaciones fiscales y hasta las garantías decenales inmobiliarias.

En conclusión, como “no todo lo que brilla es oro”, para poder tener derecho a la tarifa especial que les otorga la Ley 33/2010 los promotores de bienes raíces deberán cumplir con todas las condiciones antes señaladas.

Finalmente, aun reconociendo la importancia e impacto de los empresarios-promotores de bienes raíces en la economía panameña, debo señalar que sigo sin encontrar las razones que justifiquen la tarifa especial y única basada en reducidos porcentajes que se aplican sobre el precio de venta, sin tener en cuenta la utilidad real del proyecto. Y como esta fórmula no toma en cuenta los costos y gastos del proyecto, la fiesta será grande.

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