VENTANA FISCAL

El decreto chorizo

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OPINIÓN

Emulando a la tristemente célebre Ley 30 de junio de 2011, conocida popularmente como ley chorizo por la multiplicidad de normas, el Decreto Ejecutivo No. 539 de 30 de noviembre del año en curso (Gaceta Oficial 26925) reglamenta diferentes temas que, aunque pueden pasar desapercibidos por muchos, son materia importante en el devenir fiscal.

En primer lugar, reglamenta el pago de las Tasas Únicas Anuales, principalmente a la obligación del Registro Público de remitir semanalmente a la Dirección General de Ingresos (DGI) esa primera tasa que se paga antes de nacer la persona jurídica y que estaba causando una morosidad ficticia. Insisto en que aunque el Registro Público no remita lo cobrado, no existe morosidad alguna que impida el otorgamiento de los paz y salvo nacionales.

Un segundo tema del DE-539 se refiere a la tarifa progresiva combinada alternativa del Impuesto de Inmuebles (la tarifa preferencial) que se obtiene mediante los avalúos realizados por sus propietarios y/o por el Ministerio de Economía y Finanzas o la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, luego de ser aceptados por estas instituciones. Igual sereglamentan otras dos formas para obtener el beneficio de esa tarifa preferencial, y que deben ser consideradas en forma automática dentro del programa de ese impuesto.

Otro tema es el Impuesto de Timbre, en donde se señala la forma de pago mas no así el plazo para ello. Además, en forma directa se indica que no hay obligación de pagar dicho impuesto en las facturas de venta de bienes y servicios, aunque mantiene cierta duda razonable al señalar la obligación de satisfacer el impuesto en todo documento en que conste un acto, contrato u obligación que verse sobre asuntos o negocios sujetos a la jurisdicción de Panamá. Quizá lo más discutible es la obligación de “adoptar el uso de máquinas franqueadoras” que se asigna a “las entidades públicas o privadas ante las cuales se elaboren o se presenten documentos gravados con el impuesto de timbre” a partir del muy próximo 1 de enero.

Un cuarto impuesto es el Aviso de Operación, cuyo pago se limita a las actividades comerciales e industriales, realizadas dentro del territorio nacional, y a las personas establecidas dentro de cualquier zona libre que, a pesar de que no requieren tener Aviso de Operación en concordancia con el Numeral 8 del artículo 4 de la Ley 5 de 2007, según fuera adicionado con el artículo 148 de la Ley 8 de 2010, quedan sujetas a pagar dicho impuesto. Resalta el hecho de que se define el concepto capital para los efectos de este impuesto, a fin de eliminar las dudas que crea la exoneración para aquellos con “capital invertido menor de 10 mil dólares”.

Otro aspecto incluido en el DE-539 es el orden de aplicación de los pagos efectuados por el contribuyente: primero a las sanciones y el remanente al mismo impuesto según su propia antigüedad, de acuerdo con el artículo 1072-B modificado con el artículo 89 de la Ley 8/2010. Aunque razón le sobra, no justifica desconocer lo que antes señalaba la misma norma que le daba derecho al contribuyente a seleccionar la aplicación de sus pagos en cuanto al tributo y período, aun cuando tuviese morosidad. Advierto nuevamente que el reproceso de las cuentas está creando problemas.

Finalmente se reglamenta el artículo 3 del DE-39/2009 que se refiere a los contratos de préstamos hipotecarios con intereses preferenciales cuando el precio de compra o de construcción de la vivienda no exceda de 80 mil balboas y que el plazo de pago no sea menor de 15 años.

Le damos la bienvenida al DE-539 recordando que aún quedan pendientes por reglamentar otras normas y disposiciones fiscales.

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