VENTANA FISCAL

La historia de una tasa

OPINIÓN

Una vez más, el sector privado formalizado está obligado a meterse la mano al bolsillo. Esta vez se trata de otro aumento de la tasa única anual (TUA) de que trata el artículo 318-A del Código Fiscal.

Haciendo historia, corría el año de 1976 cuando, después de la Ley 75 del ITBM y la ley 76 que legisló sobre la obligación de facturar, llegó la Ley 77 el 22 de diciembre de ese mismo año (1976) creando la TUA. Comenzó su caminar con 50 dólares como una contribución al Registro Público por el servicio de mantener plena vigencia de las sociedades anónimas, ya sean nacionales o extranjeras; posteriormente fue modificada por la Ley 1 de 1985, aumentando a 150 dólares); luego se aumentó a 250 dólares a través de la Ley 61 de 2002 y, finalmente, mediante la Ley 6 de 2005, la segunda tasa anual se eleva a 300 dólares a partir del segundo año.

Después de 35 años, el servicio que brinda el Registro Público sigue siendo el mismo, pero el precio que paga el contribuyente ya lleva 600% de aumento en el caso de las sociedades. Y como es casi seguro que sea aprobado el proyecto de ley que promueve un aumento para las fundaciones de interés privado, su tasa de crecimiento será de 800%.

Conviene recordar que las tasas son contribuciones o “tributos cuyo hecho imponible es la utilización del dominio público, la prestación de un servicio público o la realización por la Administración de una actividad que afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo”. En el caso que nos ocupa, la TUA es consecuencia de los servicios que presta el Registro Público.

Con la Ley 49 de 2009, la obligación de pagar la TUA se extendió a “cualesquiera otras personas jurídicas”, abrazando también a las sociedades civiles, hecho que posteriormente fue revertido con la Ley 8 de 2010 cumpliendo intereses parcializados, que privaron en el momento de su evaluación, pues se perdió de vista que los servicios por los cuales se paga la TUA son iguales para todos, incluyendo el mantener la vigencia de la persona jurídica, la inscripción de cualquier acto, documento o acuerdo y la expedición de certificaciones relativas a todas las sociedades, siempre que no exista morosidad.

Hablando de morosidad. Sería interesante saber la estadística de cuántos nacionales y/o extranjeros se olvidan de pagar puntualmente la TUA, sobre todo cuando la sociedad o la fundación tienen activos que requieren los servicios del Registro Público. El mismo artículo 318-A del Código Fiscal señala que el pago fuera del término causará un recargo único de 50 dólares por año o fracción de año y “tendrá como efecto la no inscripción de ningún acto, documento o acuerdo y la no expedición de certificaciones”.

Además, el parágrafo 3 del mismo artículo indica que cada vez que el contribuyente incurra en la falta de pago de la tasa por tres periodos consecutivos tendrá, además del recargo, la aplicación de una multa de 300 dólares y la anotación de una marginal indicando que se encuentra en estado de morosidad.

Por su parte, el parágrafo 4 del mismo artículo antes citado, advierte que “La falta de pago de la tasa única por diez (10) periodos consecutivos tendrá como efecto el retiro definitivo de la persona jurídica del Registro Público. Como consecuencia, se tendrá por disuelta, con todos los efectos jurídicos que ello conlleva”. Después de la muerte jurídica por morosidad de los 10 años consecutivos se inicia el período de disolución de 3 años, durante el cual cualquier persona interesada (director, dignatario, miembro del consejo fundacional, agente residente, socio o acreedor) podrá rehabilitarla pagando las sumas adeudadas más una multa de 1,000 dólares.

Pagando a tiempo su contribución se evitan las morosidades peligrosas y podrá tomarse un café en paz y sin preocupaciones, en lugar de exponerse a perder algo más que multas y recargos. No sea que algún tercero interesado adquiera propiedades a bajo precio.

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