VENTANA FISCAL

La pirámide de Kelsen

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OPINIÓN

Dentro del ambiente legal existe un orden de prelación u ordenamiento jurídico que se ha dado en llamar la jerarquía de las normas, basado en el principio de que las normas establecidas por un poder superior privan y no pueden modificarse ni dejarse sin efecto por una autoridad u organismo inferior. En sentido contrario, un poder superior sí tiene la potestad de dejar sin efecto legal las normas emitidas por uno inferior, haciendo uso de su propia jerarquía.

El orden de prelación es conocido también como la pirámide de Kelsen, donde en primer lugar está la Constitución Nacional, seguida muy de cerca por los tratados internacionales, las leyes dictadas mediante el debido procedimiento, los decretos-leyes, luego los decretos ejecutivos, las resoluciones ministeriales y finalmente otras disposiciones. (Ver recuadro).

El Decreto Ejecutivo Nº477, fechado el triple once y promulgado en la Gaceta Oficial Nº26913, nace con la intención de reglamentar las disposiciones relacionadas con el crédito fiscal proveniente de la compra e instalación de los equipos fiscales.

Pero, a pesar de la posibilidad de un error, es necesario advertir sobre la violación de la jerarquía que le corresponde al Decreto Ejecutivo 477, pues al decretar que el crédito fiscal proveniente de la compra e instalación de los equipos fiscales solamente se podrá utilizar, ya sea directamente por el contribuyente beneficiario del crédito o mediante cesión efectuada a terceros, después de un año de la fecha de ingreso de la solicitud, está sobrepasando su nivel de competencia.

Como quiera que no le corresponde a un decreto ejecutivo incorporar nuevas condiciones no contenidas en la ley que pretende reglamentar, es una clara violación que da margen a solicitar su inconstitucionalidad.

En adición, otro exceso del DE-477 antes señalado, en cuanto a su nivel de competencia legal, es la pretensión de hacer prescribir el derecho de uso del crédito fiscal a los 36 meses contados a partir de la fecha de la resolución.

Vale señalar que esta condición tampoco forma parte de la Ley 76/1976, actualizada con la Ley 72/2011, la cual no establece términos de uso ni prescripción alguna de los créditos fiscales.

Para tales efectos véase el parágrafo transitorio 1 del artículo 12 de la Ley 76/1976. Aunque está escrito pero poco se ha dicho al respecto, la DGI solamente reconocerá el crédito si el equipo ha sido comprado e instalado por el contribuyente antes del vencimiento de la fecha que le corresponde de acuerdo al cronograma de implementación de los equipos fiscales, o las prórrogas establecidas mediante resolución motivada de la DGI.

Según el decreto señalado, primero se compran e instalan los equipos, luego se solicita el crédito y después a sentarse a esperar la resolución correspondiente.

Recontra, con los tranques fiscales que tenemos ya veremos muchos créditos vencidos antes de que se emita la resolución correspondiente. Espero que este análisis no provoque una nueva reforma a la ley, y más bien se corrija el exceso de la norma reglamentaria.

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