VENTANA FISCAL

El pitazo final

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OPINIÓN

Para nadie es un secreto que los equipos fiscales llegaron para permanecer dentro del domicilio de los obligados y que será el agente fiscalizador de los ingresos de toda persona domiciliada en Panamá, sin importar su nacionalidad, siempre que realice actividades económicas dentro del territorio panameño, incluyendo la prestación de servicios.

Salvo las excepciones que establece el artículo 12 de la Ley 76 de 1976, según fuera modificada por la Ley 72 de 2011, y las contenidas en la Resolución 201-11322 de 2 de noviembre de 2011, es imperativo el uso de los equipos fiscales a partir del 1 de marzo del año en curso, según el último cronograma oficial.

En el negocio de los equipos fiscales participan tres partes: los contribuyentes, los proveedores y la misma Dirección General de Ingresos (DGI).

Los primeros resienten y rechazan la medida al tener en su propia casa la presencia fiscalizadora de un equipo con memoria que pretende evitar la evasión en cuanto al impuesto sobre la renta (ISR) y al impuesto a la transferencia de bienes corporales muebles y a la prestación de servicios (ITBMS), y porque tienen que meterse la mano al bolsillo para cumplir con una medida que tiende a favorecer al fisco.

Pero a pesar de todo estamos obligados a cumplir con su implementación a partir del próximo 1 de marzo, exceptuando a los que están en la provincia de Darién y las comarcas (Resolución 201-944 de 20 de enero de 2012 de la Dirección General de Ingresos).

Los segundos, los proveedores de los equipos, los que han de prestar el servicio de instalación y mantenimiento y los vendedores de programas o sistemas de facturación, son en su mayoría nuevos jugadores que no estaban preparados para enfrentar el alud de preguntas y de solicitudes.

Ha sido notoria la falta de respuestas a las dudas que se generaron y a la ausencia de inventarios para suplir la demanda de equipos.

Pero ahora, producto de la Resolución 201-944 de 20 de enero de 2012 de la Dirección general de Ingresos, sobre los proveedores pesa ahora la posible revocación del permiso para distribuir equipos fiscales si al 1 de marzo del año en curso no han cumplido con la entrega de los equipos fiscales a sus clientes.

Percibo que al final serán los contribuyentes quienes pagarán los platos rotos.

El tercer jugador es la DGI, que mantiene firme su posición de hacer cumplir las normas sobre ese nuevo agente fiscalizador (los equipos fiscales) a pesar de los reclamos y rechazos de cierto segmento económico, algunos justificados ante la ausencia de los servicios básicos para su implementación, otros por querer mantener el mismo estatus de siempre y otros más por falta de dinero para cumplir con la medida que no parece tener vuelta atrás.

A pesar de todo, si la misión de la DGI es fiscalizar y hacer cumplir las disposiciones fiscales y si su visión está ligada a los equipos fiscales, creo que todavía hay espacio para hacer ajustes, sobre todo a favor de las micro y pequeñas empresas.

Aunque existe una calma generalizada, como esperando otra prórroga, típica actitud del que deja las cosas para el último momento, lo cierto es que solamente quedan 10 días hábiles para el pitazo final. No habrá sorpresas, sino sorprendidos con tarjeta roja.

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