VENTANA FISCAL

La presión de la sanción fiscal

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OPINIÓN.

Mucho, y con toda razón, se ha hablado de los ultra famosos equipos fiscales que ya han provocado un cambio de actitud y mentalidad de muchos contribuyentes ante sus obligaciones tributarias. Unos de aceptación, otros de rechazo total.

Para unos y otros ha sido clave la presión de las multas y sanciones que establece el parágrafo 3 del artículo 11 de la Ley 76 de 1976, modificado con la Ley 72 de 27 de septiembre de 2011, por ahora la última en referirse a los equipos fiscales. La presión para decidirse y cumplir o para mostrar el rechazo.

La primera sanción está dirigida al incumplimiento de las normas generales en cuanto a la obligación de emitir documentos fiscales (facturas) con las especificaciones mínimas establecidas en el artículo 11 de la referida Ley 76, y que deberán cumplir todos los contribuyentes residentes en Panamá.

Esta obligación está al margen de la norma sobre el uso de los equipos fiscales, e incluye a quienes están exonerados del uso de tales equipos.

Tal incumplimiento da margen a la imposición de multas por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI), que van de mil a 5 mil dólares la primera vez y de 5 mil a 15 mil en caso de reincidencia, quedando la DGI obligada a decretar el cierre del establecimiento de 2 a 10 días. La sanción del cierre aumenta a 15 días si persiste el incumplimiento.

Pero aún hay más. En todo establecimiento de venta de bienes o servicios, independientemente de que esté exonerado del uso de los equipos fiscales, se deberá colocar un anuncio de las sanciones “en forma clara, precisa y en lugar visible al público” que advierta al cliente o consumidor que debe exigir su factura, pues de lo contrario se expone a ser multado por los funcionarios debidamente autorizados para ello.

La multa, aunque mínima, convierte al cliente en un auxiliar de la administración tributaria al tener que exigir la factura, a fin de evitar ser sancionado. Queda pendiente la forma de identificar al funcionario, la forma de determinar fehacientemente la existencia de la compra, el servicio o el consumo, como obligar a mostrar el documento y a pagar la multa por no tenerlo, y la validez del recibo para evitar el juega vivo.

Volviendo al letrero, tal como quedó en el modificado artículo 11 de la Ley 76/76, el tamaño deberá ser de 2 por 4 pies con letras reflectivas de no menos de 8 centímetros. Creo que los diputados que inventaron esto no tienen idea del tamaño real del anuncio ni del tamaño problema que causa el mismo. Para colmo, la misma norma fiscal advierte que los establecimientos comerciales (solamente los comerciales, según la letra de la disposición) que no cuenten con el anuncio en lugar visible serán multados con 100 balboas la primera vez. En caso de reincidencia, la multa se aumentará en 100 balboas adicionales cada vez que se compruebe el incumplimiento.

En virtud del derecho que le concede la ley y para beneficio de los contribuyentes, la DGI estará autorizando el texto resumido que deberá contener el anuncio. Además, el tamaño señalado en la ley solo será exigido en las entradas y salidas de los centros comerciales de todo el país y, para los contribuyentes en general, la DGI permitirá que los anuncios sean tamaño legal, pero siempre deberán colocarse en un lugar visible al público, cerca o al lado de las cajas o equipos fiscales.

Termino con la primicia de la exoneración de cumplir con las normas relativas a los equipos fiscales para todo contribuyente que tenga su punto de venta o facturación en lugares de difícil acceso, de acuerdo con la lista que para ello tiene el Ministerio de Educación. Este tema será objeto de otro artículo.

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