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Comisión nacional de reformas electorales protesta

Acción de la Asamblea divide al TE

Los magistrados del Tribunal Electoral tienen una opinión diferente sobre lo aprobado por la Asamblea Nacional.

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polémica. Miembros de la Comisión de Reformas Electorales calificaron como una burla la actuación de la Asamblea al cambiar las reglas sobre la revocatoria de mandato. LA PRENSA/Eduardo Grimaldo polémica. Miembros de la Comisión de Reformas Electorales calificaron como una burla la actuación de la Asamblea al cambiar las reglas sobre la revocatoria de mandato. LA PRENSA/Eduardo Grimaldo
polémica. Miembros de la Comisión de Reformas Electorales calificaron como una burla la actuación de la Asamblea al cambiar las reglas sobre la revocatoria de mandato. LA PRENSA/Eduardo Grimaldo

La aprobación por la Asamblea Nacional de un artículo que dificultaría a los partidos políticos aplicar la revocatoria de mandato a sus diputados, alcaldes y concejales dividió ayer a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) durante la sesión de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

Erasmo Pinilla, magistrado presidente del TE, solicitó a la Asamblea que revalúe el proceso de aprobación del artículo que modificaría el Código Electoral y que se introdujo en el segundo debate al proyecto de ley que regula el récord policivo.

Pinilla informó que envió una carta al presidente de la Asamblea, José Luis Varela, en la que le pide que rectifique la decisión tomada, debido a las consecuencias que puede producir esta acción en el proceso de actualización de la legislación electoral que realiza la citada comisión.

No obstante, el también magistrado del TE, Gerardo Solís, tiene una opinión distinta a la de Pinilla sobre lo sucedido.

Solís, quien preside la Comisión Nacional de Reformas Electorales, no objetó la actuación de la Asamblea alegando que respeta las facultades constitucionales de los Órganos del Estado.

El magistrado Solís agregó que había que distinguir entre las reformas electorales que se aplicarán en las próximas elecciones y aquellas que inciden en la gobernabilidad. Y para Solís, el tema de la revocatoria de mandato se enmarca en esta última categoría.

El otro magistrado del TE, Eduardo Valdés, mantuvo silencio sobre el tema.

Ayer, la agenda de trabajo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales tenía prevista la discusión sobre la cantidad de adherentes requeridos para inscribir un partido político. No fue posible.

El tiempo se agotó con la participación de algunos de sus miembros que expresaban su disconformidad con lo actuado por la Asamblea.

Gloria Young, representante de la Asociación de Parlamentarias, calificó el hecho como “grave”, añadiendo que “la comisión fue irrespetada”.

El representante del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, calificó lo sucedido como un “atentado contra el régimen de partidos políticos en beneficio del clientelismo”.

La polémica reforma, que solo requiere el tercer debate legislativo y la sanción presidencial, exige que la revocatoria de mandato sea aprobada unánimemente por el Directorio Nacional del respectivo partido, dos terceras partes de su congreso y dos terceras partes del electorado del circuito respectivo.

Sociedad civil preocupada por ‘carcelazo legislativo’Si bien el obispo metodista y presidente del Comité Ecuménico de Panamá, Pablo Morales, considera que se deben regular los cierres de calles porque se violenta el derecho de circulación, advierte que penalizar hasta con dos años de cárcel a quien cierre las vías podría ser utilizado por el Gobierno “para acallar al pueblo”.

Según el religioso, ya el Ejecutivo ha dado muestras de “ser alérgico a la crítica y busca todos los medios para que no lo critiquen”. El obispo reiteró que aunque el tema de las protestas debe ser regulado, la forma como lo hizo la Asamblea Nacional no fue la mejor, porque se hizo dentro de un proyecto de ley —del récord policivo— que no tenía nada que ver con la materia.

Por su parte, Luis H. Moreno, de la Fundación Ética y Civismo, opinó que en primera instancia esta propuesta parece “desproporcionada, muy fuerte y excesiva”. Moreno señaló que antes de aprobar esta medida se debe buscar primero solución a los problemas sociales, que provocan los cierres de calles, como lo son la falta de agua y de vías de comunicación.

Sin embargo, Moreno considera que el país entero clama porque se termine lo que llamó el irrespeto al libre tránsito por las calles.

Entre tanto, Carlos Gasnell, del capítulo panameño de Transparencia Internacional, calificó la medida como “desproporcionada”. Gasnell consideró que con esta acción se pretende disuadir a las personas que utilizan las protestas como medida de presión contra el Gobierno. El activista añadió que estas situaciones provocan que los ciudadanos, sobre todo los que representan a organizaciones de la sociedad civil, tengan reservas para emitir su opinión o manifestarse libremente en contra de alguna decisión del Gobierno, por temor a represalias.

La propuesta de encarcelar a los que cierren calles será sometida el lunes a tercer debate en la Asamblea Nacional.

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