Acuerdo de recámara

Es un hecho: el MOP y el Yates y Pesca rubricaron un “acuerdo” para mantener al Club en Avenida Balboa, dentro de la cinta costera, en un relleno de tres hectáreas.

El “acuerdo de voluntades” fue firmado el 7 de agosto, por el titular del MOP, Benjamín Colamarco, y el presidente del Yates y Pesca, Alonso Arias.

En el documento de cuatro páginas, el Club acepta salir de sus instalaciones actuales, a cambio del relleno de tres hectáreas y de una concesión para continuar operando su marina en el mismo lugar. Esta concesión recién fue dada por la AMP, el pasado lunes.

El Club actualmente ocupa 4.7 hectáreas en Avenida Balboa: 8 mil 88 metros cuadrados (menos de una hectárea) corresponden a una finca cedida por la Asamblea en 1959; 2.06 hectáreas son producto de una concesión dada por Hugo Torrijos cuando fue administrador de la AMP en 1997 –por la que el Club paga un centavo el metro cuadrado–, y 1.8 hectárea son rellenos ilegales que, según dictó la Corte en 2001, debían revertir a la Nación. El fallo no fue acatado.

Todo ello –la finca, la concesión y el relleno ilegal– serán traspasados a la Nación e integrados a la cinta costera, según el acuerdo pactado.

No obstante, para integrar la finca al proyecto, no hacía falta pactar acuerdo alguno.

La Ley 3 de 1959 –que autorizó el traspaso del lote al Club–, en su artículo cuarto señala que la propiedad “revertirá gratuitamente al Estado, con todas sus mejoras, en caso de que por el proyectado relleno de la bahía no pueda dedicarse a los fines motivo de la cesión”.

El ministro Colamarco ha dicho que optó por negociar con el Club en lugar de aplicar la Ley de 1959, a fin de evitar retrasos en el proyecto.

Así nació el “acuerdo de voluntades”, que fue consensuado luego de “conversaciones y reuniones múltiples”, a fin de que la obra se ejecute “sin demoras, traumas ni situaciones legales engorrosas”.

En abril de 2008, Colamarco le dijo a los diputados que en algún momento, los socios del Club manifestaron sus intenciones de discutir el tema “en los tribunales”.

Con la firma del acuerdo, el Yates y Pesca renuncia al “derecho” de promover contra el Estado “futuros reclamos, demandas, peticiones de índole judicial o extrajudicial... que tengan relación con la construcción de la cinta costera”.

Desde mayo de 2007, las condiciones de este acuerdo fueron incluidas en el pliego de cargos, y son de obligatorio cumplimiento para el contratista Norberto Odebrecht.

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