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PROYECTO DE LEY, A PRIMER DEBATE EN LA ASAMBLEA NACIONAL

Descentralización enciende el debate

La Secretaría Nacional de Descentralización, adscrita a la Presidencia de la República, sería el ente responsable de este proceso.

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Temas:

La Ley 37 sobre descentralización fue aprobada en junio de 2009, pero el gobierno del entonces presidente Ricardo Martinelli suspendió su implementación. La Ley 37 sobre descentralización fue aprobada en junio de 2009, pero el gobierno del entonces presidente Ricardo Martinelli suspendió su implementación.
La Ley 37 sobre descentralización fue aprobada en junio de 2009, pero el gobierno del entonces presidente Ricardo Martinelli suspendió su implementación. La Prensa/Archivo

La asignación de por lo menos $175 millones a los 78 municipios del país a partir de 2016 y los controles que deben implementarse para evitar malos manejos de este dinero, serán los temas que atizarán desde hoy el debate en la Asamblea Nacional sobre la descentralización.

El proyecto de ley 234, que reforma la Ley 37 del 29 de junio de 2009 –sobre la descentralización de la administración pública–, será discutido en la comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea.

La propuesta, presentada por el presidente Juan Carlos Varela, establece que cada municipio con bajos ingresos recibiría $500 mil del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a partir del 1 de enero de 2016, para la ejecución de proyectos. Los municipios con grandes ingresos recibirán montos superiores, de acuerdo con su recaudación y población.

Aunque está a favor de la iniciativa, el alcalde del municipio capitalino, José Isabel Blandón, advirtió que existe el interés de los representantes de corregimiento de modificar el proyecto para que de los $66 millones que le corresponderían al Municipio de Panamá por el IBI, $33 millones, la mitad, sean manejados directamente por las juntas comunales.

“Habrá mucha presión de los representantes hacia los diputados para que les pasen recursos para manejarlos directamente”, indicó. 

Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, precisó que en materia de fiscalización esta ley tiene que ir acompañada de una ley de participación ciudadana para instaurar la transparencia.

ASAMBLEA

A pesar del aparente consenso entre los 648 representantes de corregimiento y los 78 alcaldes del país en torno al proyecto de descentralización, cuya discusión en primer debate se inicia hoy en la Asamblea Nacional, el alcalde capitalino José Isabel Blandón advirtió de algunos “riesgos y peligros” que se pueden dar durante el análisis de esta propuesta de ley impulsada por el Ejecutivo.

En tanto, sectores de la sociedad temen que, si no son fiscalizados correctamente, los recursos que serían asignados a los municipios tras la aprobación de este proyecto –unos $175 millones a partir de 2016–, se conviertan en una herramienta política de los representantes y alcaldes.

LA PROPUESTA

Con el proyecto de ley 234, que reforma la Ley 37 del 29 de junio de 2009 –la cual descentraliza la administración pública–, presentado a la Asamblea Nacional por el propio presidente Juan Carlos Varela el 2 de este mes, se le asignaría medio millón de dólares a todos los municipios que reciban menos de ese presupuesto en sus recaudaciones.

Este dinero se obtendría de la denominada Fórmula de Solidaridad Intermunicipal, que aplica para los municipios que recibirían menos de $500 mil anuales en concepto de monto asignado bruto del impuesto de bienes inmuebles (IBI). Los municipios con mayor recaudación en IBI, manejarán mucho más dinero.

La iniciativa establece que el 50% del total de lo recaudado en impuesto de bienes inmuebles ubicados en el territorio de cada distrito, será directamente asignado a la cuenta del municipio respectivo, mientras que el remanente del total de lo recaudado se asignará a cada alcaldía de acuerdo con el porcentaje de la población total de cada distrito, según el último censo de población.

‘RIESGOS Y PELIGROS’

Blandón, quien se mostró de acuerdo con el proyecto a pesar de que el municipio capitalino dejaría de recibir cerca de $50 millones con la Fórmula de Solidaridad Intermunicipal, aseguró que existen “riesgos y peligros” que pueden surgir en el debate.

Advirtió, por ejemplo, que los representantes de corregimiento del país están impulsando una iniciativa para que de los $66 millones que le corresponderían al Municipio de Panamá por concepto de IBI, la mitad –$33 millones– sea para las juntas comunales.

De avalarse esta medida, según Blandón, lo que va a significar en términos de fiscalización es que el contralor de la República, en lugar de tener que fiscalizar a 78 alcaldías, va tener que fiscalizar a 78 alcaldes y a 648 juntas comunales.

“Eso sí es un peligro, porque eso va a ser casi imposible de fiscalizar”, sustentó.

Según el alcalde capitalino, habrá mucha presión de los representantes hacia los diputados, a fin de que pasen recursos para que sean manejados directamente por las juntas comunales. En cuanto a fortaleza numérica, la ventaja la tienen los 648 representantes, frente a los 78 alcaldes.

Otro punto que inquieta a Blandón es que existen varios diputados del interior del país que creen que $500 mil para sus municipios es “muy poco dinero” dadas las necesidades que tienen, por lo que exigirían y propondrían al menos $1 millón para cada municipio, lo que reduciría el aporte que debe recibir el Municipio de Panamá, que es el que más recauda en IBI.

MANEJO POLÍTICO

Cuando el presidente Varela llevó el proyecto a la Asamblea Nacional, pidió a la clase política “que esté a la altura y al nivel de la expectativa del pueblo panameño, de que estos fondos no se vayan a usar para campaña política, para proselitismo o para espacios políticos, sino para resolver los problemas de las comunidades”.

La sociedad civil pide lo mismo. Por ejemplo, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), aunque calificó de “positiva la descentralización”, advirtió sobre la posibilidad de que los recursos se usen en proselitismo.

Por ello, manifestó que la fiscalización por parte de la Contraloría General de la República será muy importante. Sugiere que las comunidades sean las primeras fiscalizadoras tanto del presupuesto, como de la implementación de esos fondos.

En tanto, Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, dijo que el riesgo está latente si se hacen traslados de dineros con mecanismos de controles muy débiles.

No obstante, expresó que la corrupción es un tema que los gobiernos no han resuelto solos, por lo que los procesos de descentralización tienen que estar acompañados por los ciudadanos, y blindados con mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas fuertes e institucionalizadas.

CONTROLARÁN MILLONES

La fuerza política en los 78 municipios que tiene el país está distribuida de la siguiente manera: 34 municipios son dominados por alcaldes del Partido Revolucionario Democrático (PRD), 21 por alcaldes electos de Cambio Democrático y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena); mientras que un alcalde fue postulado por el Molirena y los restantes 22 por la alianza Panameñista-Partido Popular.

La opinión de los grupos de la sociedad civil contrasta con la del diputado del PRD Iván Picota, quien fue representante de Betania durante 10 años y quien cree que “la descentralización es sumamente necesaria para que los representantes de corregimiento y los alcaldes resuelvan las necesidades de las comunidades”.

“La propia población y la Contraloría van a evitar que estos recursos se utilicen políticamente”, indicó.

CONTROL PREVIO

Con la propuesta del Ejecutivo se establece la aplicación del control previo a través de la Contraloría General de la República a la ejecución presupuestaria de los municipios y juntas comunales.

Y como parte de esa fiscalización se establece que durante los primeros seis meses de 2016, los municipios que no cuenten con las oficinas de la Contraloría deberán habilitarlas para que la entidad ejerza sus facultades constitucionales y legales de control.

USO DEL RECURSO

La iniciativa también especifica cómo deben utilizarse estos recursos.

De los $500 mil asignados, solo podrá destinarse un máximo de 10% a gastos de funcionamiento del municipio, mientras que en materia de inversión se utilizaría el 90%, que, por su parte, tendrán un uso específico en educación, salud, deportes, recreación, servicio público domiciliario, infraestructura para la seguridad ciudadana, servicios sociales, turismo, cultura y desarrollo económico y social.

También se crea un comité ejecutivo de descentralización, que tendrá la misión de verificar la viabilidad de la ejecución de los proyectos de inversión presentados por los municipios.

Este comité formará parte de la Secretaría Nacional de Descentralización, que estará adscrita a la Presidencia de la República.

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