sesiones ordinarias

Asamblea Nacional evidencia escasa iniciativa legislativa

En este segundo año, la agenda legislativa de los diputados de la Asamblea Nacional cedió ante las iniciativas presentadas por los ministros.

En este periodo el Legislativo ratificó a 31 funcionarios y  realizó dos nombramientos, uno de ellos el del defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos.

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Los diputados estarán en receso hasta el 1 de julio próximo cuando inicie el tercer periodo ordinario de sesiones. Los diputados estarán en receso hasta el 1 de julio próximo cuando inicie el tercer periodo ordinario de sesiones.
Los diputados estarán en receso hasta el 1 de julio próximo cuando inicie el tercer periodo ordinario de sesiones. La Prensa/Luis García

El 63% de los proyectos aprobados en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional, durante el recién culminado período de sesiones (2015-2016), correspondió a iniciativas impulsadas por organismos del Estado.

De un total de 73 proyectos de ley aprobados en tercer debate, durante el segundo período de sesiones que presidió el perredista Rubén De León, 36 fueron iniciativas del Ejecutivo, 8 del Órgano Judicial y 2 del Tribunal Electoral, mientras que otras 27 fueron presentadas por los diputados.

La cantidad de iniciativas legislativas que fueron enviadas desde el Ejecutivo en este periodo, superan a las que se registraron en el primer periodo de sesiones presidido por el panameñista Adolfo Valderrama (2014-2015).

En el periodo de Valderrama, de 85 proyectos avalados en tercer debate 36 fueron impulsados por el Ejecutivo, 46 por el Legislativo y otros 3 por parte del Órgano Judicial.

Durante el segundo año de la Asamblea, el Ejecutivo logró que se aprobaran leyes como la descentralización pública, la ley de Colón Puerto Libre, las reformas al régimen de la Zona Libre de Colón y recientemente las polémicas modificaciones a la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas. Esta última está pendiente de la sanción y promulgación por el Ejecutivo. 

CUESTIONAN GESTIÓN DE LA ASAMBLEA

La mayoría de los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional en el segundo período legislativo –entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de abril de 2016– provino del Órgano Ejecutivo, lo que para diputados y representantes de la sociedad civil es una muestra de “sumisión” del Legislativo.

En este segundo periodo ordinario de sesiones, presidido por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Rubén De León, fueron aprobados 73 proyectos de ley, de los cuales 36 fueron iniciativas impulsadas por el Órgano Ejecutivo, otras 27 fueron presentadas por los diputados, 8 por el Órgano Judicial y 2 por el Tribunal Electoral (TE).

Del total de propuestas aprobadas en tercer debate, 53 ya son ley de la República, mientras que las restantes 20 están pendientes de sanción por parte del Ejecutivo.

‘ASAMBLEA DE RODILLAS’

Ante el hecho de que se imponga la agenda del Ejecutivo en la Asamblea Nacional, no solo en cantidad de leyes sino en contenido, la diputada independiente Ana Matilde Gómez sostuvo que mientras muchos diputados tengan la presión de las solicitudes de la población para que les atiendan sus problemas y necesidades sociales, siempre va a haber esa sumisión del Legislativo ante el Ejecutivo.

“Yo le pregunto al pueblo panameño de dónde creen que sale ese dinero. ¿Creen, humanamente, que el salario de un diputado puede alcanzar para resolver y atender tantas necesidades sociales? No [y] por eso el Ejecutivo logra poner de rodillas a un poder que debe ser el fiel de la balanza y debe ser totalmente autónomo para que pueda haber balance en el poder”, indicó la diputada.

Sostuvo que mientras la Asamblea siga legislando en función de las decisiones que toma el Ejecutivo, “nosotros [los diputados] vamos a seguir de rodillas frente al presidencialismo”.

Los cuestionamientos de Gómez se dieron luego de la aprobación en tercer debate, el pasado 29 de abril, del proyecto 305 de reformas a la ley de contrataciones públicas. En dicho debate, la mayoría en la Asamblea negó una propuesta de Gómez y de otros diputados que buscaba inhabilitar en las contrataciones a empresas que hayan sido condenadas por corrupción y otros delitos en tribunales extranjeros.

Por su lado, el diputado perredista Iván Picota ha sido un constante crítico frente al hecho de que los anteproyectos presentados por ellos permanezcan engavetados en las comisiones, a diferencia de los que son impulsados por el Ejecutivo, que a su juicio son discutidos rápidamente.

Para Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), existe una dependencia enfermiza de la mayoría de los diputados en la chequera del Ejecutivo;  

es decir, a las obras y a las “famosas” partidas.

“La Asamblea está supuesta a hacer el contrapeso del Ejecutivo y estamos perdiendo ese contrapeso, porque lo que parece prevalecer son negociaciones más que debates”, aseguró.

A juicio de Planells, para cambiar esta actitud de sumisión la Asamblea debe abrir los espacios en los debates para elaborar mejores leyes y “los ciudadanos debemos elegir a mejores diputados, que al final es el origen del problema”.

NO HAY SUMISIÓN

Para el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Raúl Hernández, no existió en este período de sesiones tal sumisión del Legislativo hacia el Órgano Ejecutivo. 

Sostuvo que hay propuestas de algunos diputados, en especial aquellas que tienen que ver con aportes económicos del Estado, que en la mayoría de los casos no se pueden sustentar.

“En muchos de los proyectos de los diputados siempre se consulta con el Ejecutivo para efectos de ver la viabilidad económica de esas propuestas antes de que sean vetadas, y en algunos casos estos son aprobados por insistencia, aun a pesar del rechazo del Ejecutivo”, indicó el vicepresidente de la Asamblea.

El Legislativo debe reanudar sesiones el 1 de julio próximo con la escogencia de una nueva directiva.

 

 

 

 

 

Sostuvo que mientras la Asamblea siga legislando en función de las decisiones que toma el Ejecutivo, “nosotros [los diputados] vamos a seguir de rodillas frente al presidencialismo”.

Los cuestionamientos de Gómez se dieron luego de la aprobación en tercer debate, el pasado 29 de abril, del proyecto 305 de reformas a la ley de contrataciones públicas. En dicho debate, la mayoría en la Asamblea negó una propuesta de Gómez y de otros diputados que buscaba inhabilitar en las contrataciones a empresas que hayan sido condenadas por corrupción y otros delitos en tribunales extranjeros.

Por su lado, el diputado perredista Iván Picota ha sido un constante crítico frente al hecho de que los anteproyectos presentados por ellos permanezcan engavetados en las comisiones, a diferencia de los que son impulsados por el Ejecutivo.

 

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