EX FUNCIONARIA DE LA CSS, IMPUTADA EN CASO DEL TÓXICO, REVELÓ GRANDES FALLAS

‘Anomalías dieron pie a envenenamientos’

Juan Jované sabía del deterioro del laboratorio de producción, y René Luciani habría pedido a sus subalternos que no hablaran ni con el MP.

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SITUACIÓN. Ya en el año 2000, el Laboratorio de Producción de Medicamentos de la CSS no tenía las condiciones mínimas para operar. LA PRENSA/Archivo SITUACIÓN. Ya en el año 2000, el Laboratorio de Producción de Medicamentos de la CSS no tenía las condiciones mínimas para operar. LA PRENSA/Archivo
SITUACIÓN. Ya en el año 2000, el Laboratorio de Producción de Medicamentos de la CSS no tenía las condiciones mínimas para operar. LA PRENSA/Archivo

A pocas semanas de que el Ministerio Público remita la vista fiscal del caso de los envenenamientos con dietilene glycol, que han causado la muerte de 158 personas y secuelas a un número no determinado, nuevas revelaciones llegadas a los medios de comunicación indican que hubo un manejo irregular de la normas de control del Laboratorio de Producción de Medicamentos y del sistema de compras de la Caja de Seguro Social (CSS).

Al rendir declaración indagatoria (como imputada) ante el Ministerio Público (MP), la ex directora de Abastos de la CSS Isabel Quintero reveló que en 2000 el Laboratorio de Producción había sido sometido a una auditoría de calidad, cuya valoración fue de 32.76%, lo que indicaba que no cumplía con los requisitos mínimos para la producción de medicamentos.

Además, Quintero señaló que en 2002 y 2004 los miembros de la junta directiva y el director de la CSS –en ese entonces Juan Jované– tenían conocimiento de la situación, pero no dieron el presupuesto necesario para subsanarla.

Asimismo, recordó que en aquella fecha fue suscrito un acuerdo entre la CSS y el laboratorio de la Universidad de Panamá, que debía cooperar con los análisis de los productos, pero nunca se concretó por la falta de asignación presupuestaria.

La ex funcionaria también reveló que para enero de 2003 el subdirector de la CSS, Rolando Villalaz, emitió una hoja de trámite en la que sugería no adelantar ni efectuar acto público vinculado con el Laboratorio de Producción de Medicamentos, porque la administración se encontraba elaborando un documento final sobre dicha instalación.

Sin embargo, Quintero advirtió que la paralización provocaría un desabastecimiento prolongado y el vencimiento de materia prima valorada en más de un millón de dólares.

A la vez, Quintero indicó que funcionarios de alta jerarquía de la CSS la llamaron para que entregara todos los documentos relacionados con el Laboratorio de Producción de Medicamentos, por instrucciones del director René Luciani.

En su declaración, Quintero detalló que lo mismo le fue solicitado a la jefa del laboratorio Linda Thomas, a quien incluso se le advirtió que no entregara documentos ni hablara del tema con nadie, incluyendo al MP.

A su juicio, la contaminación de los medicamentos con dietilene glycol fue el resultado de que la Dirección de Legal de la CSS permitiera condiciones para favorecer a empresas.

Según la ex funcionaria, en aquella fecha hubo cambios en las reglas de las licitaciones públicas, como el establecido en la Resolución 0271 del 10 de septiembre de 2003, por el cual se ordenó dejar de cumplir con los requerimientos necesarios para saber si los oferentes eran buenos o malos.

“Esto abría la ventana y abanico de oportunidades para que cualquiera, sin licencia de operación, promoviera productos sin la calidad, seguridad y eficacia que las entidades de salud requieren”, detalló Quintero en su indagatoria.

En octubre de 2003, dijo, se había advertido que la empresa Medicom y otras compañías no tenían licencia de operación expedida por la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas.

En el caso de la glicerina que resultó ser el tóxico, Quintero denunció que se obvió el examen de pureza, porque el departamento de control de calidad no tenía un cromatógrafo de gas para el examen, y tampoco remitió la prueba al Laboratorio de Análisis de la Universidad de Panamá –como se hacía eventualmente, porque dicho ente había dejado de prestar el servicio a la CSS ante la falta de pago.

No obstante lo anterior, Quintero aclaró que se realizaron las diligencias para adquirir los insumos necesarios para el Laboratorio de Control de Calidad, pero todas las requisiciones fueron devueltas sin dinero.

En respuesta a lo dicho por Quintero, Jované aseguró que sí se realizaron mejoras en laboratorio y que incluso se dejó un plano para su remodelación, aunque dijo desconocer por qué no se hicieron esas obras.

Agregó que también se compró un espectómetro, el cual –según le explicaron– era suficiente para hacer los análisis a las materias primas.

Carlos Carrillo, abogado del también ex director del Seguro René Luciani, afirmó que nunca se ocultó información al MP y que incluso el caso se manejó a través de una comisión encabezada por el Ministerio de Salud para presentar los informes.

Aseguró que Luciani nunca puso obstáculos para que se obtuviera toda la información requerida.

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