acuerdo de la mesa del diálogo

Aprueban polémica reforma a la Policía

Los dirigentes sindicales denunciaron que la reforma a la ley de la Policía fue redactada en la Presidencia de la República.

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ORADOR. El dirigente sindical Rafael Chavarría intervinó en el debate. LA PRENSA/Jorge Fernández ORADOR. El dirigente sindical Rafael Chavarría intervinó en el debate. LA PRENSA/Jorge Fernández
ORADOR. El dirigente sindical Rafael Chavarría intervinó en el debate. LA PRENSA/Jorge Fernández

La Asamblea Nacional aprobó anoche, en segundo debate, el polémico proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de la Policía Nacional (PN), el cual fue uno de los últimos acuerdos de la mesa del diálogo para revisar la Ley 30.

La iniciativa fue criticada por los diputados opositores y por algunos oficialistas, como Osman Gómez (panameñista), pues alegaron que establece que un miembro de la fuerza pública no podrá ser detenido en los casos de delitos cometidos por motivo del “uso de la fuerza”.

Según Gómez, aunque sea oficialista siempre se opondrá a leyes que no benefician a la población, y esta es una de ellas.

Con Gómez coincidieron Leandro Ávila y Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático. Ambos cuestionaron la propuesta, porque otorgaba “excesivo poder” a los miembros de la Policía.

Los sindicalistas Saúl Méndez y Gabriel Castillo, ambos de la Confederación de Unidad Sindical, hicieron hincapié en que el proyecto recoge una propuesta que no fue firmada por su organización en el diálogo, debido a que fue redactada en la Presidencia cuando dicho foro había concluido.

Por su parte, el director y comisionado de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Javier Carrillo, defendió la iniciativa y dijo que esta busca evitar la detención preventiva de los policías, para no tener los cuarteles aglomerados de agentes mientras son investigados.

Días antes, miembros de diversos grupos de la sociedad civil solicitaron a los diputados eliminar ese artículo. De acuerdo con esas organizaciones –entre ellas la Alianza Ciudadana pro Justicia, el Centro de Estudios y Capacitación Familiar, Consumo Ético y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana–, se trata de un “retroceso en materia de derechos humanos y nos coloca en peligro a todos los ciudadanos”.

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