Arias: sobornos en caso de magistrados

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TESTIGO. En 2002, Arias se levantó voluntariamente su inmunidad y acudió al Ministerio Público a declarar. LA PRENSA/Archivo TESTIGO. En 2002, Arias se levantó voluntariamente su inmunidad y acudió al Ministerio Público a declarar. LA PRENSA/Archivo
TESTIGO. En 2002, Arias se levantó voluntariamente su inmunidad y acudió al Ministerio Público a declarar. LA PRENSA/Archivo

Sí hubo sobornos en la Asamblea Nacional, a finales de 2001, pero no precisamente para aprobar el contrato ley del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis), sino para ratificar a los magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista.

Así lo declaró la ex diputada Teresita Yaniz de Arias, cuando fue llamada al despacho de Abel Zamorano, magistrado fiscal designado por el pleno de la Corte para investigar el Cemis.

Arias se refirió a los señalamientos del diputado Carlos Tito Afú, que el 16 de enero de 2002 apareció en los medios mostrando 6 mil dólares en efectivo que, afirmó, había recibido como un “adelanto” por su voto a favor del Cemis.

“Estoy convencida de que ese espectáculo tan bochornoso iba dirigido a distraer la opinión pública sobre un hecho muchísimo más grave que el supuesto soborno del Cemis, a saber, la ratificación de los dos magistrados a la Corte Suprema”, declaró Arias a Zamorano.

Arias no es la única que comparte esa opinión. Ya el 9 de enero de 2002, fecha en que fueron ratificados Spadafora y Cigarruista, la entonces legisladora perredista Balbina Herrera denunció que hubo “maletines con dinero”.

Para Arias, que milita en el Partido Popular, no había necesidad de comprar los votos para aprobar el Cemis, ya que el proyecto tenía el apoyo de todas las bancadas. “Si los ejecutivos del Consorcio San Lorenzo hicieron algún desembolso, no consiguieron lo que se proponían, puesto que el proyecto fue devuelto al Ejecutivo con más de 20 modificaciones”, agregó.

“Hay, sin embargo, después de la aprobación del Cemis, un tema mucho más fundamental y grave, que es la ratificación de dos magistrados carentes de idoneidad profesional y ética para ocupar ese alto cargo, contaminando la administración de justicia de este país por 10 años consecutivos. Esa ratificación solo pudo obtenerse mediante el soborno a cinco diputados del PRD que rompieron con las instrucciones políticas de su partido”, declaró la ex diputada.

La ratificación de Cigarruista fue de 36 votos a favor y 35 en contra. La de Spadafora, 37 frente a 34. A favor votaron los entonces legisladores perredistas Afú, Tomás Gabriel Altamirano Duque y Carlos Alvarado.

“El caso del Cemis se constituye en una cortina de humo por su impacto mediático”, remarcó Arias.

También contó que Martín Torrijos, uno de los dos imputados en la investigación que hace la Corte, participó en, al menos, una reunión de bancada en Parrillada Jimmy's, en la que se “presentó el Cemis”.

Recordó que en esa reunión, Torrijos le dijo a Cortizo ­entonces presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea­ que si el Cemis tenía cláusulas inaceptables “que constituían un despojo a la Nación”, que lo devolviera al Ejecutivo ­entonces presidido por Mireya Moscoso­ sin aprobarlo en primer debate.

Arias terminó su declaración advirtiendo que se han hecho tantas imputaciones “de manera irresponsable”, que será muy difícil conocer algún día lo que realmente ocurrió.

Si hubo o no sobornos para poner a Spadafora y Cigarruista en la Corte, eso no se sabrá: el 30 de abril, el pleno de la Asamblea ordenó el archivo de ese expediente.

Solo la Asamblea puede investigar a los magistrados de la Corte.

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