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La SOLICITUD DE PERMISOS AUMENTA 233% EN los ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.

Armados contra el hampa

Cálculos conservadores dan cuenta de que en el país hay unas 230 mil armas de fuego en manos de civiles, 140 mil de estas sin estatus definido.

MEDIDAS. Entre mayo de 2004 y mayo de este año, la Policía Nacional se incautó de unas 6 mil 200 armas de fuego, las cuales fueron destruidas el pasado mes de julio. LA PRENSA/Archivo MEDIDAS. Entre mayo de 2004 y mayo de este año, la Policía Nacional se incautó de unas 6 mil 200 armas de fuego, las cuales fueron destruidas el pasado mes de julio. LA PRENSA/Archivo
MEDIDAS. Entre mayo de 2004 y mayo de este año, la Policía Nacional se incautó de unas 6 mil 200 armas de fuego, las cuales fueron destruidas el pasado mes de julio. LA PRENSA/Archivo

En los primeros 10 meses de este año, 2 mil 456 personas –naturales y jurídicas– tramitaron ante las autoridades un permiso para portar armas de fuego, y otras 3 mil 679 gestionaron la renovación o traspaso de su licencia, lo que da una idea de que 6 mil 135 panameños –particulares, comerciantes y hasta funcionarios– se armaron para afrontar la ola de criminalidad que azota al país.

Las cifras, aportadas por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), reflejan una tendencia similar a la registrada en 2007, cuando 3 mil 352 personas realizaron trámites –por primera vez– para llevar consigo armas de fuego, y otras 3 mil 493 tramitaron la renovación o traspaso.

Sin embargo, al comparar los números recientes con los de hace apenas cuatro años, el salto estadístico es impresionante. Sí. En todo el año 2004, la Policía Técnica Judicial otorgó permisos para 737 armas nuevas, lo que da cuenta de que en lo que va del gobierno del presidente, Martín Torrijos, la tramitación de licencias para el porte de armas de fuego creció 233%, solo considerando las 2 mil 456 gestiones que se hicieron por primera vez entre enero y octubre pasados.

Y es que si se toman en cuenta los números de la extinta Policía Técnica Judicial, en los primeros años del gobierno de Torrijos la criminalidad se incrementó 35.5%, al pasar de 27 mil 847 delitos en 2004 a 37 mil 744 en 2007. Y en el primer semestre de este año ya iban 18 mil 323 hechos punibles, según registros oficiales.

Magnitud del problema

Con todas esas nuevas tramitaciones, renovaciones y traspasos, la pregunta lógica que surge es cuántas personas portan un arma de fuego en el país. La respuesta no es fácil.

Cálculos conservadores del Departamento de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses –encargado de las experticias de balística en todo el territorio nacional– señalan que en Panamá hay cerca de 90 mil armas registradas de manera oficial.

A ellas se suman otras 140 mil piezas, que según declaraciones dadas en septiembre pasado por el ministro de Gobierno y Justicia –hoy en licencia–, Daniel Delgado Diamante, están en manos de civiles, aunque se desconoce su verdadero estatus.

Ambas cifras dan cuenta de 230 mil armas de fuego en manos de civiles, sin incluir las muchas otras que están en poder del hampa, cuyo tráfico se constituye hoy en el segundo problema de seguridad que afronta Panamá –precedido por el narcotráfico–, según lo han reconocido las más altas autoridades del Gobierno y de los estamentos de vigilancia y protección.

Espiral sin fin

A juicio de los expertos en la materia, entre ellos la directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, Aida Selles de Palacios, la “violencia genera mucha más violencia” y si esta se comete con armas de fuego, los resultados son menos que desalentadores.

Para muestra, los reportes del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Gobierno y Justicia que confirman que, entre enero y agosto de este año, 379 personas fueron asesinadas en el país.

Pero, incluso, ya han comenzado a registrarse manifestaciones como las que se aprecian a diario en otros países del continente, como Colombia y Venezuela, en los que víctimas de delitos se rebelan contra sus victimarios y los matan.

El último de esos hechos ocurrió a las 7:45 a.m. del 28 de octubre pasado, en el sector Los Andes de San Miguelito, cuando un empresario –harto de ser robado– enfrentó a varios atracadores con un arma de fuego de su propiedad, legalmente registrada, y en la acción ultimó a dos de ellos.

Proyecto de ley

Consciente de la problemática, las autoridades buscan sacar de las calles la mayor cantidad de armas que les sea posible, y en ese afán retiraron cerca de 6 mil 200 piezas entre 2004 y mayo de 2008, de acuerdo con reportes oficiales de la Policía Nacional.

Pero, además, el Ejecutivo impulsa la aprobación en la Asamblea Nacional de una ley a través de la cual se regularía con mayor severidad la importación, comercialización y tenencia de armas de fuego en el país.

Tomás García Tovar, director de Asuntos de Seguridad Pública del Ministerio de Gobierno y Justicia, explicó que, entre otros aspectos, la norma centraría en ese despacho las competencias relacionadas con el tema de las armas, explosivos y juegos pirotécnicos –actualmente están disgregadas entre varias instituciones–, tras crear un registro único nacional.

Además, restringiría el otorgamiento de licencias para el porte de armas de fuego de uso particular, por lo que los interesados deben presentar, entre otros requisitos, “justificación objetiva que motive la adquisición de un arma de fuego; certificado de antecedentes penales; certificado de salud y aptitud física y psíquica elaborado por profesionales idóneos; prueba antidopaje; certificado de ADN; y certificado de participación en un seminario teórico-práctico sobre el manejo responsable de las armas”.

De acuerdo con el funcionario, “no podrían portar armas de fuego las personas con discapacidades físicas o mentales, los condenados por delitos cometidos con armas de fuego o por delitos de homicidio, lesiones personales, drogas, lavado de dinero, robo, pandillerismo, violación carnal violencia intrafamiliar y trata de personas; ni los sancionados por faltas administrativas derivadas de conductas violentas; los que mantengan una medida de protección en materia de violencia doméstica y los extranjeros que no posean residencia permanente”.

El proyecto, que se discute actualmente en la Comisión legislativa de Gobierno y Justicia, pone a Panamá en sintonía con los compromisos internacionales que tiene el país sobre le control de armas pequeñas y ligeras.

Asimismo, “establecería un régimen de sanciones y multas por infracciones cometidas por violar sus disposiciones, y dispone los supuestos en los que procede la incautación o el decomiso de las armas de fuego, municiones o explosivos”, según acotó García Tovar.

Más radical

Otro proyecto de ley que busca regular el porte de armas de fuego en el país fue presentado ante la Asamblea Nacional en octubre pasado por el primer vicepresidente de esa entidad, Nelson Jackson Palma.

Esta norma recomienda que solo porten armas los miembros de la Policía Nacional y del Servicio de Protección Institucional, y que se multe con 10 mil dólares a todo aquel particular que sea detenido con un arma de fuego.

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