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VETO. MARTÍN TORRIJOS ECHÓ ABAJO PROYECTO DE LEY QUE PRETENDÍA REGULAR LA PESCA INDISCRIMINADA.

Atuneros encuentran eco en Las Garzas

Abogados de la flota atunera internacional se opusieron a que la Comisión de Pesca Responsable opinara antes de que se les diera las licencias de pesca a los atuneros. El Ejecutivo respondió vetando la ley que creaba esta comisión. Pese a que el Gobierno no ha dado permisos de pesca a la flota atunera internacional, en Panamá se han establecido granjas de engorde de atún, que eventualmente necesitarán de estas licencias para poder hacer sus negocios.

ATÚN. El poderoso grupo español Fuentes se ha establecido en Charco Azul, donde ha creado una ‘granja’ para cebar atún. Esta granja necesitará de licencias para la pesca de toneladas de atún, que cebará y luego exportará. ATÚN. El poderoso grupo español Fuentes se ha establecido en Charco Azul, donde ha creado una ‘granja’ para cebar atún. Esta granja necesitará de licencias para la pesca de toneladas de atún, que cebará y luego exportará.
ATÚN. El poderoso grupo español Fuentes se ha establecido en Charco Azul, donde ha creado una ‘granja’ para cebar atún. Esta granja necesitará de licencias para la pesca de toneladas de atún, que cebará y luego exportará.

La noticia tomó a muchos por sorpresa. El presidente, Martín Torrijos, vetó un proyecto de ley en el que más de una docena de organizaciones invirtieron meses de discusión para consensuarlo y redactarlo.

La iniciativa tomó forma tras celebrarse –en octubre del año pasado– un foro nacional sobre propuestas sectoriales para una nueva política de pesca y acuicultura. Desde entonces, representantes de los más diversos y antagónicos intereses –empresarios de la pesca industrial, artesanal y deportiva, sindicatos de pescadores, entidades ecológicas y de investigación, y autoridades gubernamentales– consensuaron el proyecto de ley que creaba la Comisión Nacional de Pesca Responsable.

Dos entusiastas participantes fueron el director de Acuicultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), Richard Pretto, y el director de Recursos Marinos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), George Novey. Hasta el propio segundo vicepresidente, Rubén Arosemena, participó en estas reuniones.

El biólogo Héctor Guzmán, científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, fue invitado como observador, pero confiesa que al principio dudó en acudir. Estaba escéptico de la iniciativa. Sería embarazoso sentarse junto a personas que tradicionalmente han depredado los recursos del mar, pensó.

Pero lo que escuchó en las reuniones a las que asistió lo dejó atónito: "Ellos mismos [los empresarios de la pesca] proponían regular las malas artes de pesca, nocivas para los recursos marinos y pesqueros". De ellos –dijo– salieron iniciativas para limitar y regular los permisos de pesca, establecer vedas, prohibir ciertas artes de pesca dañinas. Era como si, de pronto, la industria pesquera se hubiese dado cuenta de la fragilidad del equilibro entre la explotación de los recursos y su conservación, explicó. "Era un proyecto hermoso", se lamenta hoy el científico.

El proyecto

¿Para qué crear una Comisión Nacional de Pesca Responsable? Según el artículo primero de la vetada ley, era una instancia consultiva del Órgano Ejecutivo en asuntos vinculados a la pesca. Debía proponer, además, iniciativas conducentes a lograr el desarrollo sostenible del sector pesquero, a la vez que recomendaría políticas para regular esta actividad.

El 6 de marzo de este año, el proyecto de ley fue discutido por el pleno de la Asamblea Nacional en segundo debate. El diputado Héctor Aparicio dijo que el proyecto tenía "el consenso de todos los miembros de este Parlamento" [sic], por lo que no hubo problemas para aprobarlo.

Varios diputados, entre ellos Aparicio, introdujeron un artículo nuevo: "previo al otorgamiento de las autorizaciones y (o) licencias para pescar en aguas jurisdiccionales panameñas a naves de servicio internacional o extranjeras, deberán ser consultados con los miembros de la Comisión de Pesca Responsable".

Abogados locales que representan los intereses de la flota atunera internacional –entre ellos, María Patricia Díaz, de la firma Robles & Robles– se opusieron de inmediato a que la Comisión emitiera opinión sobre los permisos de pesca a la flota internacional. "Esa es competencia de la AMP. Para otorgar las licencias esta entidad no debe consultar a nadie", exigió Díaz tras aprobarse el proyecto en la Asamblea.

El veto

La postura de la flota atunera internacional –es decir, la de Díaz– encontró eco en la Presidencia y hasta allí llegó el proyecto. El 13 de abril de 2006, Torrijos envió una carta al presidente de la Asamblea, Elías Castillo, en la que anunció su veto. No era que objetaba un artículo, impugnaba todo el proyecto.

El veto era confuso. Torrijos decía que la redacción del artículo 9 del proyecto –el que introdujo Aparicio– sugería que los permisos de las licencias de pesca "deberán ser consultados de manera individual con los miembros de la Comisión... y no con este ente en su condición de cuerpo colegiado".

Varios de los que participaron en la redacción del proyecto fueron consultados y todos estaban de acuerdo en algo: nada sugería eso en el proyecto. Pero, si así fuera, lo único que debía hacerse era un cambio en la forma y no en el fondo, es decir, encajar la palabra "colegiado" en el artículo 9.

La otra razón de Torrijos era que "resultaría contraproducente dejar en manos de sus miembros [de la Comisión] el otorgamiento de las autorizaciones y/o licencias para pescar en aguas jurisdiccionales panameñas, dados los conflictos de intereses que ello pudiera originar y que debilitarían la capacidad del Estado para fijar metas en esta actividad".

Pero este artículo no dejaba en manos de la Comisión de Pesca Responsable la decisión de otorgar las licencias. El artículo decía que las licencias de pesca "deberán ser consultadas antes de su otorgamiento" en la Comisión, lo cual supone que la AMP seguiría otorgando los permisos de pesca.

Así lo precisó el diputado Aparicio, cuando dijo en el segundo debate que había presentado el artículo nuevo para darle a la Comisión el lugar que se merece "ante las autorizaciones y licencias que se otorguen por parte de la Autoridad Marítima de Panamá, para que esta Comisión Nacional Nacional de Pesca Responsable las conozca antes de que se otorguen...".

El Gabinete Azul

Pocos esperaban que el Ejecutivo vetara el proyecto. Incluso, George Novey dio declaraciones en las que mostraba su entusiasmo por la nueva ley. La Comisión –dijo– trabajaría en modernizar y actualizar las medidas precautorias de conservación y explotación de los recursos pesqueros para garantizar la sostenibilidad de este sector de la economía nacional, y que se había logrado proteger la pesca de subsistencia y artesanal que sufrían el riesgo de ser eliminadas por la actividad industrial.

El veto sacudió a otros que consideraban a éste, el "Gabinete azul", refiriéndose al hecho de que en el Ejecutivo hay figuras como Martín Torrijos y sus dos vicepresidentes: Rubén Arosemena y Samuel Lewis Navarro, que practican con asiduidad la pesca deportiva, incluso, el propio director de Recursos Marinos de la AMP, George Novey.

En este deporte, reglamentado por el Decreto Ejecutivo No. 33 de 1997, los pescadores deben devolver vivos al mar los especímenes capturados, a fin de garantizar la continuidad del recurso. De ahí que la pesca deportiva esté en constante conflicto con los pescadores industriales, en especial con los atuneros, por sus artes de pesca –como las de cerco, una de las más criticadas– por el daño que causa no solo a los ejemplares de la pesca deportiva (peces vela, marlin, espada), sino a toda la fauna asociada con el atún, como el delfín y otras especies.

Los conflictos

Pero los deportivos no son los únicos en conflicto con los atuneros. De hecho, dueños de la flota pesquera nacional los enfrentan, también por sus técnicas de pesca, que incluyen, además, el uso de aeronaves para localizar, desde el aire, los cardúmenes de atún.

Fuentes vinculadas al proyecto confirmaron que la iniciativa de introducir el artículo nuevo al proyecto de ley para que la Comisión de Pesca Responsable fuera consultada antes de que se otorgaran los permisos de pesca, provino de empresarios panameños de la pesca industrial.

El conflicto entre el Gobierno y la industria pesquera se ha acentuado tras la presentación –por parte del Ejecutivo– de un proyecto de ley que crea la Autoridad de Recursos Acuáticos, cuya discusión no ha empezado bien en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea. En este escenario ya ha habido algunos conflictos por la falta de consenso entre sus participantes.

Presentado semanas atrás por el titular del Mida, Guillermo Salazar, el proyecto ha provocado que algunos sectores se hayan levantado de la mesa de discusión y su debate se haya pospuesto hasta tanto se llegue a puntos de consenso.

Lo que sí reconoce la industria pesquera local como un hecho positivo es que la AMP no ha otorgado –hasta ahora– licencias de pesca a la flota atunera internacional de cerco, pero eso puede cambiar pronto con la llegada a Panamá de las granjas atuneras, que requieren de estos permisos.

La pregunta es si, pese a lo prometido, el Gobierno otorgará estas licencias y si permitirá su existencia en Panamá.

EFECTOS Y OFERTAS

.GRANJAS: Ricardo Pretto, director de Acuicultura del Mida, ha hablado en favor de las granjas de engorde de atún en la Comisión de de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional.

.PERMISOS: George Novey, de Recursos Marinos de la Autoridad Marítima de Panamá, no descarta que se otorguen licencias para pesca de atún en aguas locales.

.‘BOOM’: Hay ofertas de otras empresas extranjeras interesadas en crear nuevas granjas para cebar atún.

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