quiebras están EN la mira Del órgano judicial.

Auditoría revela deficiencias

Los primeros informes apuntan a que en los casos de Adelag y Fotokina no se cumplió con el código.

TAREAS. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte, que preside Harley Mitchell, ordenó la auditoría. TAREAS. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte, que preside Harley Mitchell, ordenó la auditoría.
TAREAS. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte, que preside Harley Mitchell, ordenó la auditoría.

Tras poco menos de un mes de ordenarse las auditorías en los expedientes penales y civiles abiertos por las quiebras de Fotokina y Adelag, los primeros informes revelan que se detectaron algunas deficiencias, entre ellas la desatención de los términos fijados en los códigos para cumplir las etapas de los procesos, según informaron fuentes del Órgano Judicial.

La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia –integrada por los presidentes de la Sala Civil; Penal y Contencioso Administrativos– ordenó el pasado 18 de marzo un análisis sobre el manejo dispensado a esos expedientes, ante la posibilidad de que ambos procesos prescribieran en la esfera penal, seis años después de haberse declarado la quiebra.

El proceso penal por la posible quiebra fraudulenta de Fotokina se halla en el Juzgado Quinto, mientras que el de Adelag reposa en el Juzgado Décimo Quinto. El Juzgado Décimo Séptimo, donde están los expedientes civiles de ambos casos, declaró la quiebra de Fotokina el 11 de junio de 2002, mientras que la de Adelag se declaró el 18 de marzo del mismo año.

Una de las fuentes consultadas dijo que la mayor deficiencia se ha encontrado en el Juzgado Quinto, despacho que instruye el expediente penal del caso Fotokina y que fue manejado por el entonces juez suplente, César Salazar, quien recientemente fue trasladado a otro despacho, tras múltiples quejas sobre su desempeño.

El pasado 13 de marzo –cinco días antes de que se ordenara la auditoría– la nueva juez suplente, Zulay Rodríguez, emitió una resolución en la que ordenaba llamar a juicio a los tres implicados en esa quiebra que afectó a 21 bancos y dejó pérdidas por unos 32 millones de dólares.

En un informe que remitió, en enero pasado, el juez décimo séptimo de circuito ramo civil, Jorge Isaac Escobar, a Harley Mitchell, presidente de la Corte Suprema, sobre el estado en que se hallaban ambas quiebras, se señala "los múltiples recursos interpuestos" como los causantes de que esos procesos civiles se hayan dilatado.

Tras culminar estas tareas, las auditorías se extenderán a otras quiebras.

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